Con cinco días de diferencia, este periódico ha publicado dos noticias, por separado más que llamativas y escandalosas puestas en conjunto. Ahí van los titulares: «Mas afirma que Cataluña puede pagar las estructuras de un nuevo Estado» (22 de enero); «CiU pide de nuevo paralizar el AVE a Galicia esgrimiendo informes de Francia y Portugal» (28 de enero).
Para entendernos, CiU, que gobierna una autonomía que tiene comunicación por AVE con media España y, a través de Madrid, con casi toda, asegura que existen informes de Francia y Portugal «severamente críticos con la rentabilidad de las líneas de alta velocidad». ¡A buenas horas, mangas verdes! O sea, que la escasa rentabilidad de las líneas de alta velocidad, que no ha impedido instalarlas con dirección a Cataluña y a otras muchas partes del país, debe ser tenida en cuenta ahora, cuando toca acabar las de Galicia. A eso se le llama ser ponderado, imparcial y solidario. Sí, señor.
De hecho, la cosa tiene bemoles, aunque, para no caer en esa demagogia localista que me pone de los nervios, podría uno admitir que estudios objetivos (si es que tal cosa existe de verdad) hagan balance de la alegría con que en este país se realizaron obras públicas en el momento de las vacas gordas que nos comimos tan contentos: lo de los auditorios, donde ya no suena más que el crujir de su propio abandono, por ejemplo, fue antológico.
Pero que Mas y su partido hablen de la falta de rentabilidad del AVE a Galicia supera con mucho lo que deberíamos tener que soportar.
Y es que los nacionalistas catalanes que están, al parecer, obsesionados con que se paralice la alta velocidad que llevamos esperando tantos años (¡qué inmensa cara dura!) son los mismos que dicen tener fondos para crear un Estado ilegal, mientras, con una mano, vulneran todas las leyes existentes y, con la otra, reciben miles de millones de euros, una y otra vez, del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para preparar la secesión.
El nacionalismo catalán jamás ha estado preocupado del dinero cuando montaba embajadas a diestro y siniestro para nada, alguna de ellas en edificios donde el metro cuadrado de alquiler costaba un potosí; ni cuando ha gastado miles de millones de euros en una política de inmersión lingüística que no tenía otro objetivo que hacer desaparecer de Cataluña la que la Constitución denomina lengua española oficial del Estado; ni cuando ha financiado generosísimamente cualquier entidad o asociación destinada a promover el separatismo político, social o cultural.
No, lo que le preocupa al nacionalismo catalán es que el dinero se gaste en este tierra, donde se cumplen las leyes, no se pone patas arriba la concordia ciudadana, ni se desafía al Estado constitucional que CiU y ERC quieren romper.
Tiene narices, por no decir una palabra que empieza por c y rima con bribones.