R uego al lector que intente ponerse en la piel de un enfermo terminal. A la terrible angustia de saber que sus días están contados, añádale este dato atroz: en el mercado existe el antídoto que puede curarlo, pero su precio resulta prohibitivo. No puede pagarlo y el Gobierno, después de regatear y conseguir una rebaja de la farmacéutica, sopesa si merece la pena gastar 25.000 euros para conservar una vida humana. Al final se impone la cordura y el presidente Rajoy afirma que «ni un solo ciudadano español al que un médico le prescriba un medicamento se quedará sin ese medicamento». No sé si esas palabras han bastado para tranquilizar a los enfermos de hepatitis C que sufren el drama descrito, pero yo, aunque desconfiado por naturaleza, las doy por buenas. Salvo que se demuestre lo contrario.
He ahí lo urgente: salvar vidas al precio que sea. Paguemos el rescate de nuestros enfermos a Gilead, pero sabiendo que el chantaje de las farmacéuticas, legalizado por un aberrante sistema de patentes, no se detendrá. Lo dejó meridianamente claro Marijn Dekkers, consejero delegado de la Bayer, a propósito de un fármaco anticanceroso: «No creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo».
Hablemos de economía. Cada patente que se concede crea un monopolio temporal. Y estos, como enseñan los manuales básicos, son económicamente ineficientes y nada equitativos. Fijan precios abusivos, sin más norte que la obtención del máximo beneficio, en perjuicio del consumidor. En su defensa se argumenta que el poder monopolístico permite a la industria farmacéutica resarcirse de sus gastos de investigación e incentivan, por tanto, la innovación. Si los beneficios de la innovación superan los costes que comporta el monopolio, la economía saldría ganando.
¿Realmente el saldo es positivo? En el caso de la industria farmacéutica, ni de broma. En primer lugar, la mayor parte del conocimiento que cuaja en un nuevo fármaco pertenece al acervo común y la investigación básica la financia el sector público. En segundo lugar, la mayoría de las farmacéuticas gastan más en márketing y publicidad que en investigación. Y más en desarrollar potingues que conforman el «estilo de vida», como los que pretenden evitar la caída de pelo o alisar la piel, que en medicamentos para curar enfermedades. Y casi nada en luchar contra pandemias endémicas, como la malaria, de países con bajo poder adquisitivo.
La mejor prueba la constituye el Sovaldi, el fármaco de Gilead cuya eficacia contra la hepatitis C supera el 90 %. Para empezar, Gilead no innovó nada: adquirió la compañía Pharmasset, propietaria de la licencia. Segundo dato: Pharmasset declaró que el desarrollo del Sovaldi tuvo un coste de 62,4 millones de dólares (52,7 millones de euros). Tercer dato: la producción del medicamento para un tratamiento completo, por el que España paga 25.000 euros, cuesta entre 50 y 115 euros. Cuarto dato: el Sovaldi proporcionó a Gilead ganancias superiores a 3.092 millones de euros en un solo trimestre. ¿Alguien conoce un negocio más redondo?