El Gobierno del Partido Popular ha vuelto a demostrar otra vez su verdadero posicionamiento ideológico, los intereses para los que gobierna: en medio del triunfalista discurso decretando el final de la crisis ha vuelto a humillar a los trabajadores con menos ingresos dándoles a los que cobran el salario mínimo interprofesional una limosna de 10 céntimos de euro al día. España tiene uno de los salarios mínimos más bajos de la Unión Europea, no llega a los 650 euros al mes -después de la subida del 2015-, una cifra que no llega ni a la mitad de Francia o Bélgica. Son poco más de 600 euros netos al mes, una cantidad menos que mínima, que convierte al que lo cobra en trabajador pobre, porque a pesar de tener un empleo no puede vivir con su salario de forma independiente. Y mucho menos si, como ocurre de forma creciente, su contrato es a jornada parcial.
El salario mínimo ya no es una cifra de referencia lejana sobre la que se negocian los convenios de las empresas y los sectores. La desregulación y la precariedad creciente del mercado de trabajo lo convierten en una barrera real e inmediata contra la pobreza laboral, porque cada vez afecta a más personas. Esos cambios son los que explican que en un país como Alemania, donde no existía porque los convenios colectivos lo hacían innecesario, su creación haya sido la principal exigencia del Partido Socialdemócrata alemán para entrar en el Gobierno de la gran coalición.
Por eso, resulta intolerable que el mismo día en el que el presidente del Gobierno dijo que la crisis ya es una cosa del pasado se humille a los trabajadores con 10 céntimos al día, con 3 euros al mes. Intolerable e indignante, cuando en esos mismos días trascendió que el gobernador del Banco de España, al mismo tiempo que exigía que los salarios, incluido el SMI, se mantuvieran prácticamente congelados, se subió el suyo. La doble moral, el doble lenguaje. Mientras que el SMI ha subido un 0,5 %, la retribución de Luis Linde lo ha hecho un 5 %, diez veces más, una diferencia que alcanza toda su crudeza cuando se expresa en cifras absolutas, porque mientras que el salario mínimo aumenta en 45 euros anuales, la retribución del gobernador lo ha hecho en 8.384 euros: ¡casi 200 veces más!
Este es el modelo social que está en el ADN de la derecha española: una sociedad más desigual, con ricos y pobres, con enormes diferencias sociales, con trabajadores con bajos salarios y pocos derechos, en beneficio de una minoría privilegiada que articula un discurso cínico capaz de defender de forma simultánea la austeridad para la mayoría y el enriquecimiento para las élites.
El Gobierno finge no entender por qué la mayoría de los ciudadanos aún no se han enterado de que la crisis ya terminó, pero lo sabe perfectamente: para la gran mayoría de los asalariados, de los empleados públicos, de los pensionistas, de los desempleados, las variaciones del PIB no significan nada si no se traducen en una mejora real de sus rentas, y la política del Gobierno va exactamente en la dirección contraria, como lo demuestra la limosna del salario mínimo.