La infanta Cristina se sentará en el banquillo. Este hecho, inédito en la historia de la monarquía española, sugiere a bote pronto dos reflexiones. Primera: que el juez instructor perciba indicios de delito no presupone que la princesa sea culpable. Tiene derecho a la presunción de inocencia, aunque una sentencia exculpatoria tampoco la dejaría en buen lugar. Vendría a demostrar que la hermana del rey, además de beneficiarse de los tejemanejes de su marido, no se enteraba de la misa la media. Vivía a cuerpo de reina, ofuscada por el amor, sin preguntarse de dónde salía el dinero, mientras el príncipe consorte robaba -presuntamente: hoy me ha dado por ser cuidadoso- a manos llenas. Terrible disyuntiva la suya: o delincuente o tontaina.
La segunda reflexión distingue entre la realidad y la percepción de las cosas. La decisión del juez Castro acrecentará una pizca la confianza en la Justicia: ya ven, la Justicia es igual para todos. Si otra hubiera sido la decisión, la desconfianza aumentaría: ¿lo ve?, ya se lo decía yo, la Justicia trata a los poderosos con guante de seda y a los robagallinas con puño de hierro. Sin embargo, en ambas hipótesis, la realidad no cambia un ápice. La Justicia sigue siendo discriminatoria: débil con el fuerte y fuerte con el débil. Y lo es, como se comprueba en el caso que nos ocupa, no por las leyes o por los jueces, sino por la injerencia del Gobierno en el ámbito judicial. Desde que algún padre de la patria decretó la muerte de Montesquieu, lo que el juez anuda lo desata en un pispás un indulto conveniente, un fiscal bien aleccionado o un fisco permisivo.
A las pruebas me remito. A la infanta, salvo un sindicato de dudosa catadura llamado Manos Limpias, nadie la acusa. Al contrario, además de los prestigiosos abogados que ha contratado, todo el Estado se ha movilizado en su defensa. El fiscal, habitualmente el malo de la película, se erige en abogado defensor. La Abogacía del Estado, que también pagamos todos, la exculpa. Y la Agencia Tributaria, tan quisquillosa a la hora de examinar la declaración del humilde contribuyente, ni siquiera olisquea rastro de delito en la actuación de la infanta. ¿Conoce usted a algún imputado que haya concertado tantos y tan poderosos defensores de su inocencia?
Imbuidos del espíritu navideño, concedamos que el fiscal actúa con profesionalidad y en conciencia. Reconozcamos que, además de levantar su índice acusador, también tiene por función proteger a víctimas y testigos. Pero, ¿y la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado? ¿No habíamos quedado en que Hacienda somos todos? Si el juez aprecia indicios de dos delitos fiscales, ¿quién nos representa a nosotros, los presuntos perjudicados? ¿Quién exigirá a la infanta, en nuestro nombre, que nos devuelva las cantidades defraudadas? ¿Manos Limpias?
El mundo al revés. Antes, Hacienda acusaba y los jueces le daban o le quitaban la razón. Ahora, acusan los jueces y Hacienda protege al reo. Y si finalmente la infanta es condenada, ¿qué hacemos? ¿Sentamos a la Agencia Tributaria -al Gobierno- en el banquillo por el delito de encubrimiento?