Rajoy es un hombre honesto. Es de los pocos políticos que podría estar ganando mucho más dinero en su plaza de registrador de la propiedad. Pero eso no le exime de responsabilidades al encabezar una escasamente operativa cruzada contra la corrupción. Ganará alguna batalla, pero jamás la guerra. Los pícaros dentro de sus filas le crecen como setas y él se limita a exculparlos con curiosos argumentos. Y esa no es la manera de acabar con esta lacra. La solución, la cual llevo defendiendo en cuanto foro se me permite, la ha puesto encima de la mesa el fiscal superior de Galicia. La prevaricación, delito por excelencia de la clase política, debería castigarse con penas de cárcel y no de inhabilitación. De proceder así nuestro legislador, se frenaría el apetito de muchos representantes públicos por lo ajeno. Actualmente les compensa la posibilidad de que nunca se descubra su tropelía frente a una pena que tan solo les impediría desempeñar un cargo público. La prevaricación de un político es un delito agravado por la circunstancia de que se lleva a cabo por alguien en quien la ciudadanía ha depositado su confianza, y seguro estoy de que si en vez de ser susceptibles de ser enviados diez años a su casa, lo fueran a un centro penitenciario, jamás asumirían semejante riesgo.