Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, según las cuales el Gobierno de Luxemburgo habría firmado acuerdos con cientos de multinacionales para que se beneficiaran de un régimen fiscal reducido a la mínima expresión, revisten la mayor gravedad. Por los hechos en sí, por sus repercusiones en el resto de socios europeos y por quién estaba al frente del Gobierno de Luxemburgo.
Los hechos en sí son de extrema gravedad, ya que cientos de empresas que operan en distintos países de la Unión Europea habrían aligerado su carga fiscal al firmar acuerdos secretos con el Gobierno de Luxemburgo por los que, a través de complejos mecanismos de ingeniería fiscal, concentrarían sus beneficios en ese país y solo pagarían un máximo del 2 % del impuesto de sociedades -o incluso menos-, cuando el tipo general en el principado se eleva al 28 %. Con ser grave, dado que se establecerían diferencias entre las propias empresas de Luxemburgo y las multinacionales, no lo es tanto como por sus implicaciones en el resto de socios europeos. Porque lo que habría hecho Luxemburgo habría sido drenar los recursos que deberían haber ido a alimentar las arcas públicas de los países en que se generaron los beneficios empresariales mediante una competencia fiscal desleal con los demás socios y ya veremos si, además, ilegal. Porque suena a dumping fiscal en toda regla.
¿Y quién estaba al frente del Gobierno de Luxemburgo cuando tales prácticas se llevaron a cabo? La misma persona que entonces estaba al frente del Eurogrupo y que hoy está al frente de la Comisión Europea: Jean Claude Juncker.
La misma persona que, mientras permitía este tipo de prácticas fiscales a su Gobierno, apretaba a los países en más dificultades para hacer recortes sociales y reformas económicas que han provocado que Europa se haya convertido en la zona económica del mundo donde la crisis ha sido más persistente y ha tenido un mayor impacto en el empleo, provocando un crecimiento de la pobreza y la desigualdad sin parangón en las últimas décadas. Mientras con una mano apretaba el cuello de los países más vulnerables, con la otra drenaba recursos absolutamente necesarios para intentar alcanzar las exigentes cifras de déficit público impuestas desde la Comisión y el Eurogrupo. Desleal. Incluso, mezquino.
A la vista de estos hechos, cobra aún más valor la decisión que los europarlamentarios socialistas españoles tomamos en julio de votar en contra de Jean Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. Y fueron muchas las presiones que hubimos de salvar para emitir ese voto. Muchas.
Lo hicimos por coherencia, porque los socialistas nos habíamos presentado a las elecciones llamando a un cambio de prioridades y de políticas en Europa. Y aunque es cierto que las dinámicas en Europa son distintas que en los parlamentos nacionales y que el proceso de construcción europea siempre ha exigido -y seguirá exigiendo- el acuerdo de distintas familias ideológicas, no lo es menos que no se puede aspirar a un cambio real si al frente de la Comisión se situaba a un persona que había sido motor de la austeridad. Y tras conocer las revelaciones sobre las desleales prácticas fiscales luxemburguesas, aquellas prevenciones cobran aún si cabe más sentido.
Que en su comparecencia ante el Parlamento Europeo Juncker haya tratado de ampararse en que estas prácticas no son exclusivas de su país y que haya defendido un mayor avance en armonización fiscal a nivel europeo solo pone de manifiesto el cinismo de los Gobiernos, especialmente de aquel que él dirigió, ante la ingeniería fiscal practicada en Europa.
Que se haya comprometido a inhibirse en la investigación abierta por la Comisión Europea a su país por este caso no es digno de elogio, es lo mínimo imprescindible. Los hechos probarán o no el cumplimiento de tal promesa.
Pero lo que no puede posponerse más, en lo que sobran palabras y faltan hechos, es el combate contra los paraísos fiscales. Europa debe liderar esa lucha, para lo que urge dotarse de normas claras para revocar las licencias de aquellos bancos que faciliten la evasión fiscal y vetar el acceso a las ayudas europeas a las empresas que la practiquen; urge obligar a las empresas multinacionales a suministrar información desglosada por países sobre los impuestos pagados, los beneficios obtenidos y el personal empleado en cada país; y urge imponer a las empresas el pago de impuestos allí donde se generan sus beneficios.
Es en estos compromisos, y no en las declaraciones, donde Juncker, la Comisión y Europa se juegan su credibilidad ante los ciudadanos.
José Blanco López es eurodiputado socialista.