Inevitable tras este 9 de noviembre volver a Ortega y Azaña en aquel año 1932. No por recrear lo pasado, sino por situarnos en lo que se repite como problema en la estructura territorial y política de España. Ortega asumía una permanente tensión en la realidad catalana, problema que en su fondo consideraba irresoluble, aunque buscaba su «conllevancia» práctica, en forma de solución política en un marco autonómico.
La Asamblea Nacional de Catalunya y Ómnium Cultural, organizaciones de la sociedad civil, confrontan con el Estado, dirigiendo y protegiendo a los partidos soberanistas, CiU y Esquerra, que utilizan las instituciones constitucionales frente al Estado. Además de un astuto derecho a decidir, no se encuentra en sus proclamas ninguna referencia a la pobreza que desborda, al paro crónico o a ese eufemismo del empleo flexible. Tampoco se les oye hablar de la educación, la sanidad y la dependencia, que empeoran por la acción de gobierno de CiU y Esquerra, en nada diferentes a las medidas del Gobierno de Rajoy.
La realidad del 9-N es una gran participación de catalanes en este proceso de reto al Estado, donde se han contado los que han querido, casi tantos como los que han votado en las europeas. Y más de dos millones de catalanes votando son muchos. Aquellos otros catalanes que no participan del entusiasmo soberanista no han tenido líderes ni partidos que con sus propuestas alternativas los cobijen.
El silencio del Partido Popular, o su pregunta retórica sobre qué reforma constitucional plantean, no atendió a esos millones de ciudadanos lejos del soberanismo. Las dudas de socialistas y su ahogado reclamo federal y de reforma constitucional han sido a todas luces insuficientes como opción alternativa a la propuesta omnipresente de Mas y demás, y al silencio.
Empieza el día 10, los que se manifestaban, y más, se contaron. Ellos querían poder votar y lo han hecho. Ya se sabe el alcance de quienes desean decidir. Falta saber cuántos son soberanistas.
Quedan voces en España que insisten en una salida actualizada de la «conllevancia». Entre otros, el Círculo Cívico de Opinión, donde confluyen personalidades entre la derecha y la socialdemocracia, propone un pacto por la regeneración de la democracia y la recomposición de la fractura social, que desemboque en una reforma constitucional con un nuevo pacto territorial y una redefinición del modelo de Estado. Pero la realidad que subyace a este 9-N es el debilitamiento de la Cataluña plural, cívicamente unida, donde los ciudadanos convivían transversalmente más allá de sentimientos e identidades excluyentes. Una Cataluña que para casi 80.000 gallegos de nacimiento siempre fue propia, y ahora se ha ido haciendo una patria inquietante. Porque, mientras algunos insisten en cambiar la historia, otros se mantienen en silencio. Entre su razón de Estado y su rédito electoral. Depende.