Ni es lo que Mas había prometido ni es lo que Junqueras y otros querían. Siendo suaves, es una tomadura de pelo; siendo rigurosos, una aberración democrática. Si somos benevolentes, será una suerte de performance en la que los independentistas harán una representación pública de sus anhelos con toda la parafernalia, urnas de cartón incluidas. Pero en ningún caso es un referendo ni una consulta ni un proceso participativo. Carece de validez jurídica y, como acto político, no tiene mayor valor que el de poner de relieve las raíces profundas de un problema, el de la distribución territorial del poder, que España aún no ha resuelto del todo, pero que no puede servir para cuestionar el Estado. Y, por supuesto, no justifica el desafío a la legalidad ni es excusa para burlar al Constitucional, atacar impunemente a las instituciones e intentar socavar su legitimidad. Porque Artur Mas no tiene ninguna razón. Avivó el fuego soberanista como estrategia para recuperar el poder y lo azuzó aún más para desviar la atención de la crisis económica. Y lo que en realidad hizo fue echar a rodar una bola de nieve que ha ido engordando hasta amenazar con arrasarlo todo. Ahora intenta salvar su pellejo político con un esperpento de consulta que solo puede hacer aún más daño. Porque, en contra del argumentario soberanista, no hay nada de digno en votar pisoteando las leyes. Lo digno es defender las posiciones propias para decidir entre todos según las reglas pactadas. Así llevan los catalanes decidiendo su destino desde hace 35 años. Como el conjunto de los españoles, votando democráticamente. Y así debe seguir siendo a partir de mañana. Que pase ya esta mascarada para retornar a la política como vía para resolver los problemas de fondo. Que los hay.