Si nadie lo impide, y todo indica que nadie va a impedirlo, hoy culminará en Cataluña el golpe de Estado impulsado por la Generalitat. Pues, ¿qué otra cosa es un golpe de Estado sino una asunción ilegítima del poder por una mera vía de hecho? Eso supone, dicho con toda claridad, la organización desde la Administración autonómica de un referendo de autodeterminación totalmente ilegal tras su suspensión, ordenada en dos ocasiones por el TCE y confirmada por el Tribunal Supremo, que rechazó de plano la petición de la Generalitat de bloquear aquella suspensión.
Mas, cuyo poder deriva de la Constitución, es, según ella, el representante ordinario del Estado en Cataluña, lo que le obliga a garantizar el cumplimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de Justicia.
En contra de ello, y burlando un deber inobjetable, Mas ha decidido seguir adelante, en abierta sedición contra el Estado, combinando dos diferentes estrategias: la del leguleyo y la del matón.
La Generalitat ha acudido, por un lado, a los tribunales para intentar que le dieran la razón, utilizando las mismas leyes que se ha pasado una y otra vez por el arco del triunfo. Con ello no pretendía Mas ganar un pleito que sabía perdido de antemano, sino aparentar que respeta el ordenamiento que viola en realidad de forma escandalosa.
Pero la estrategia del leguleyo, ejecutada con el apoyo de juristas mercenarios, antes servidores de la Constitución y ahora conspiradores contra ella, se ha combinado con la que utilizan los matones para hacer su santa voluntad: arrinconar al contrario hasta obligarlo a pelearse a puñetazos para defender la justicia de su causa.
Eso ha hecho, ni más ni menos, Artur Mas: incumplir la ley a sabiendas de que al hacerlo ponía contra las cuerdas al Estado, al que no quedaba, pues, otro remedio que recurrir a la fuerza, lo que abriría un conflicto civil de imprevisibles consecuencias. Ahí ha residido la capacidad de intimidación de Mas y sus apoyos: en dejar claro que llegarían hasta el final y que si el Gobierno quería hacer efectivo el cumplimiento de las leyes tendría que pararlos por las bravas. Aunque en tal caso la responsabilidad sería sin duda de quienes utilizan el razonamiento del matón, no les quepa duda de que habría en España cientos de miles de personas dispuestas a cargar contra quien procura el cumplimiento de la ley y no contra quien le obliga a hacerlo de la única forma en que cabe actuar contra un acto de brutal desobediencia.
Por eso hoy, fatídico 9 de noviembre, se sentará en Cataluña, si no lo evita nadie, el peor precedente imaginable: que en España podrá incumplir la ley quien tenga fuerza suficiente para intimidar al Estado con el argumento poderoso de que para lograr su cumplimiento deberá asumir el coste de recurrir a la fuerza como único medio de imponerlo.