La imputación de la infanta Cristina tiene, como casi todo, su parte buena y su parte mala. La parte buena es que la Justicia no se detiene en rangos ni apellidos e intenta cumplir su obligación constitucional de ser igual para todos. No tengo datos para sostener lo contrario. La parte mala es que hace volver los ojos a la altura institucional que alcanzó la corrupción. Ya lo sabíamos desde el principio de la instrucción del caso Urdangarin, pero la Audiencia de Palma reaviva la memoria. Su decisión era endemoniada: si mantenía la imputación, se dañaba a la institución monárquica. Si la levantaba, la sociedad sospecharía trato de favor a la familia real.
Quizá por ello el tribunal optó por una salida que suena a salomónica: levantó la imputación más grave, blanqueo de capitales, y mantuvo la de delito fiscal. A este cronista le parece una resolución extraña, pero lo dice con cautela propia de quien carece de suficientes conocimientos jurídicos. Le suena extraña porque el delito fiscal está perfectamente cuantificado en la normativa, que lo sitúa en el nivel de 120.000 euros anuales. Si el fraude es un euro menos, no hay delito. Y la Agencia Tributaria, que sabe hacer las cuentas de los contribuyentes, no ha visto que se haya llegado a esa cantidad ni acusa a la infanta. Está claro que hubo fraude, y nada pequeño; pero no en cantidad suficiente para llegar a delito.
Hecha esta disquisición leguleya, aquí todavía puede pasar de todo. Puede ocurrir que el juez instructor sea convencido por la defensa y la fiscalía de que la doctrina Botín se debe aplicar a la infanta precisamente por la igualdad ante la ley, y doña Cristina se vaya de rositas. Y puede ocurrir que el juez José Castro imponga su tesis a la tesis del Supremo y no renuncie a su profunda convicción de sentar a la infanta en el banquillo. El mero hecho de plantear esta disyuntiva indica la inseguridad jurídica de este país cuando delante hay focos, cámaras, esferas de poder y ansias de ser ejemplarizante ante el poder.
Y eso es lo que tiene este caso, igual que otros, desde el de la Pantoja al de Jaume Matas: demasiados focos, demasiada presión social, demasiado juicio paralelo, demasiada exigencia de ejemplaridad para aplacar las iras populares por tanto latrocinio.
Los jueces que envían a la Pantoja a la cárcel utilizan el adjetivo «ejemplar». A Matas se le niega que reúna las condiciones para el tercer grado, como queriéndole hacer pagar delitos por los que aún no ha sido juzgado. Espero, deseo, que no pase lo mismo con la infanta. Dureza en el juicio, toda; como si fuese hija de un simple periodista. Pero toda la frialdad. Como si no hubiera cámaras delante; como si no fuese hija ni hermana de rey.