Después de un complicado octubre en el que la corrupción global ha alcanzado especialmente el entorno del Partido Popular -a quien le han ido venciendo las letras judiciales aplazadas y enredadas con las nuevas aunque previsibles del feudo madrileño-, se suma el segundo recurso ante el Constitucional sobre el ilegal proceso independentista catalán del 9-N, y la publicación retrasada de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre. Todo ello marca con nitidez el fin de la legislatura. Final bronco y con demasiados problemas abiertos que los partidos hasta ahora dirigentes no han sido capaces de encarrilar.
El origen del deterioro de la situación política no solo ha sido el reiterativo recurso de Rajoy a la herencia recibida, ni la hipocresía en su gestión en torno a los graves problemas de corrupción y cajas B de su partido, ni siquiera el hieratismo inmovilista frente al desmadrado órdago de Mas y sus seguidores independentistas -sin el menor atisbo de inteligencia política para un problema que ha venido creciendo sostenido por un amplio frente de ciudadanos catalanes-, ni las falsedades en torno al rescate bancario con fondos públicos, ni la dulzura en el trato frente a tanta y tan escandalosa gestión de los dirigentes de los bancos nacionalizados, entre otras cuestiones que nos abruman a los ciudadanos.
Parece mentira que, enredados en las políticas de la austeridad y el control del déficit, desde luego necesarias, no hubiera lugar en las políticas de los Gobiernos para proteger los derechos ciudadanos a la sanidad, educación y dependencia, ni para desarrollar otras políticas económicas que no llevaran al empobrecimiento y la devaluación interna y la precariedad laboral y el paro, con obvio deterioro de las condiciones de vida de la gente. Si a ello se añade el problema de la articulación territorial del Estado, también utilizada por el Gobierno catalán de CiU y Esquerra para enmascarar sus políticas neoliberales de recortes y privatizaciones y el grave deterioro de la vida de las personas, poco fruto ha dado esta legislatura de Rajoy en el Gobierno.
Por primera vez en estos años de democracia, una encuesta del CIS pronostica el fin del bipartidismo imperfecto, con la posibilidad real de unas Cortes generales con tres partidos que representarán cada uno a una cuarta parte de los votantes. Esta situación política, caracterizada por la preocupación de los españoles con el paro, la corrupción y la situación económica, anuncia un fin de ciclo, donde la bajísima valoración y elevadísima desconfianza en el presidente del Gobierno, y en todos y cada uno de sus ministros, nos abocan a un fin de la legislatura. Con la preocupante sensación, avalada por el auge electoral de Podemos, de que si la próxima legislatura no aborda con serenidad y rigor los problemas acuciantes de las personas, podríamos entrar en una grave crisis social hasta ahora contenida, para sorpresa de extraños, además de la crisis política y constitucional que el CIS dibuja.