Todo está ocurriendo según las previsiones pesimistas, como debe ser en estos tiempos de confusa tribulación en que parece que todo se está haciendo mal. El Constitucional suspende la ceremonia independentista del 9-N, como no podía ser de otra forma, y el Gobierno catalán responde como le piden los independentistas, como no podía ser de otra forma: mantiene el ceremonial, no lo delega en las asociaciones civiles para que Oriol Junqueras no le llame cobarde, anuncia acciones legales contra el Gobierno central y se sitúa entre dos actitudes pasionales. A un lado, quienes le aplaudirán por la desobediencia y, al otro, quienes pedirán que caiga sobre Artur Mas todo el peso de la ley por insumisión, desacato y todos los delitos que se puedan atribuir.
El conflicto está servido. En condiciones normales, lo que debería ocurrir desde ahora sería lo siguiente: dado que Artur Mas persiste en mantener una acción ilegal y prohibida por el tribunal de garantías, el Estado debería poner en marcha su aparato coercitivo, mandar a los cuerpos y fuerzas de seguridad a imponer la ley, y los cabecillas de la insurrección serían puestos a disposición de la Justicia. Las consecuencias serían imprevisibles, pero es una posibilidad. Dado que no estamos en condiciones normales, nadie puede adivinar lo que hará el señor Rajoy. Hay quien sostiene que lo más inteligente sería permitir que se pongan las urnas y contar los votantes y obtener de esa cifra la conclusión de que la mayoría del pueblo catalán no quiere saber nada de la experiencia participativa.
No veo a Rajoy en esa tesis. Lo más probable es que siga invocando la ley, el imperio de la ley, la obligación de obedecer a la ley y otras lindezas legales, mientras los separatistas se crecen y ya son el 49,4 % de la población. Hace solo un par de años no eran ni la cuarta parte y lo malo es que todo se monta sobre argumentaciones tan falsas como la dicha por el portavoz Homs: lo que se hace, se hace «en nombre de la libertad de expresión», lo cual nos obliga a exclamar: «¡Libertad, libertad, cuántos desvaríos se cometen en tu nombre!».
Miren, lo que fastidia no es el 9-N ni la independencia. Lo que fastidia es que nos tomen por tontos. Lo que fastidia es que convoquen a la gente a votar y digan que no es una consulta. Pero así está la cuestión catalana, señores: en la gran manipulación. Si el Gobierno central examinase la evolución política de Cataluña, quizá llegaría a esta conclusión: un paso más en la aplicación de la ley sin ninguna otra acción política, y ese porcentaje del 49,4 % ascenderá al 60 %. A la velocidad que lleva el proceso, tardará un par de años. Y a partir de ahí, a ver quién detiene ese tren.