E s posible que los letrados entiendan otra cosa, pero los ciudadanos que no han leído el auto 351/2014 han podido informarse por los medios de que «el maquinista vuelve a ser el único imputado».
Los ciudadanos que hemos leído las 24 páginas de que consta hemos podido saber mucho más sobre el pensamiento de los magistrados de la Audiencia.
Las personas que decidieron, diseñaron y ejecutaron la modificación del proyecto original que propició el accidente, no serán imputados porque el riesgo que asumieron no es punible.
Es decir, consideran los autores del auto que el aumento de riesgo de accidente con hasta 79 muertos tiene franquicia. Pero no cuantifican hasta donde dicho aumento es admisible ¿Tal vez tendrían que haber muerto 120, o los 240 que viajaban en el tren, para que el aumento de riesgo sí fuese considerado un delito?
También se deduce del auto que mañana, o cualquier otro día, un accidente similar puede volver a ocurrir.
Según parece, las normas de las empresas involucradas traspasan la responsabilidad de lo que le suceda a un tren Alvia, con 220 personas, al maquinista como agente único en circulaciones a 200 km/hora, con tal de que se haya escrito en un papel y aún cuando la línea no tenga los elementos imprescindibles para controlar la marcha del tren y éste los lleve anulados o no pueda utilizarlos para controlarse automáticamente. Y así sigue mientras no se finalice su construcción. ¿O la línea tiene ahora «algo» que no tenía antes?
Las normas a que hacen referencia no son Directivas de la UE, ni Leyes, Reales Decretos u Ordenes Ministeriales, sino meros reglamentos de régimen interior, hechos por la propia empresa para definir su funcionalidad, minimizar sus costes operativos y traspasar responsabilidades a los escalones inferiores de la organización. ¿Son válidas en derecho para dirimir responsabilidades penales o civiles?
Según se desprende del auto, «todo vale» con tal de que los ahora desimputados no hayan infringido ninguna de sus propias normas internas, al margen de la responsabilidad de gestión, incluida la de seguridad, que les corresponde por la importancia de los cargos que ocupan y por los que cobran. ¡Qué bien¡ ¿no?
Por otra parte, el Ministerio tiene pendiente de explicar ¿por qué esta LAV que costó 2.547 Millones, a razón de 30 millones/km, tal vez la más costosa de España, tiene sus últimos ocho kilómetros sin la máxima seguridad, 22 meses tras su inauguración y 14 meses tras la muerte de 80 personas, lo que hubiese impedido la producción de este accidente? ¿A qué espera?
Xosé Carlos Fernández Díaz es ingeniero técnico de obras públicas