Después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente la consulta prevista para el 9 de noviembre, el presidente de la Generalitat anunció que abría, igualmente, un proceso participativo para el mismo día. En la web institucional http://www.participa2014.cat/noticia-proces-participatiu.html bajo el lema «tu participes, tu decideixes» se citan palabras suyas que, en castellano, son: «El 9-N habrá locales, urnas y papeletas, tal y como me comprometí».
Una vez más, tal como veremos, el título no responde al contenido. Tras sus declaraciones se han puesto en marcha, en un santiamén, los preparativos para que haya urnas en las que algunos ciudadanos (y solo algunos) podrán pronunciarse sobre las mismas preguntas que fueron objeto de suspensión. Por tanto, se va a votar, y además, se va a decidir respecto a si queremos que Cataluña sea independiente. La diferencia, en relación a la consulta suspendida, es que las garantías democráticas para que los ciudadanos voten en igualdad y puedan reclamar frente a actuaciones que consideren lesivas a sus derechos, es que estas se pierden casi por completo. Nadie sabe cuáles son esos marcos legales preexistentes en los que se basa el nuevo 9-N ni las consecuencias de la votación porque el Govern no lo dice.
No obstante, sí sabemos, tal como lo anunció el señor Mas, que va a hacer lo posible para demostrar que ha cumplido con su compromiso de preguntar a los residentes en Cataluña si quieren que esta sea un Estado independiente. Por tanto, la celebración del 9-N en sí misma, y los resultados debidamente justificados, se van a trasladar a los medios de comunicación locales y ¡cómo no! a la prensa internacional, en el sentido de que el pueblo catalán ha decidido «provisionalmente». Una de las lecturas va a ser que ha sido un referendo de autodeterminación celebrado en precarias condiciones porque España no deja votar a los catalanes. Recuerden que el señor Mas ya dijo el día que anunciaba el nuevo 9-N que el adversario real era el Gobierno de España.
Me pregunto entonces: ¿Quiénes son los catalanes? ¿Los que tienen derecho a votar? A día de hoy (esto puede ir cambiando) las personas que pueden votar son las que residen en territorio catalán. Por tanto, no hace falta que hayan nacido en Cataluña. En este nuevo 9-N, los ciudadanos de la Unión Europea o de terceros países que residen en dicho territorio van a poder votar y ya no se les va a exigir un mínimo de años de estancia. También los catalanes que están en el extranjero en cuyo DNI conste que residen en el territorio catalán o los que estén inscritos en el registro de catalanes en el exterior cuya última vecindad administrativa haya sido la de alguna población de Cataluña.
Es decir, los ciudadanos que pueden opinar sobre la independencia de Cataluña son todas esas personas de diversas nacionalidades que tienen en común que residen o que consta que residen o que antes de irse de España residían en el territorio catalán.
En cambio, los nacidos en Cataluña, pero que tienen la vecindad en otras partes de España, y en general, el resto de ciudadanos españoles a los que este tema les concierne muy directamente puesto que se va a preguntar sobre la posibilidad de que una parte del territorio de su país se secesione, no pueden votar. Me remito a la Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña aprobada por el Parlamento catalán, el 23 de enero del 2013. Como puede verse, en su título se aludía al pueblo. Sin embargo, tanto por su contenido como por las actuaciones que se han realizado después, promoviendo una consulta, a quien se quiere dotar de capacidad para decidir la secesión es al territorio de Cataluña. En definitiva, a la nación catalana. El pueblo de Cataluña, esto es, los que constan que son residentes en el territorio catalán, son un instrumento para alcanzar por la vía de los hechos lo que a Cataluña jurídicamente no se le ha atribuido: ser una nación, por un lado, y ser titular de un derecho de secesión, por otro. Con la consulta se matan dos pájaros de un tiro.
La Constitución establece que la soberanía descansa en el pueblo español, que son todas aquellas personas que tienen la nacionalidad española (DNI español). Los territorios, como Cataluña, solo tienen autonomía, no soberanía. Por tanto, Cataluña y sus residentes no pueden votar sobre una cuestión a la que no tienen derecho. La capacidad de opinar o decidir sobre la secesión de una parte del territorio del Estado corresponde a todos los ciudadanos españoles y lo que se pretende, el 9-N, es sustraerla del conjunto para darla a unos pocos, algunos de los cuales ni siquiera son españoles. Que la soberanía descanse en todos los españoles no es solo una premisa constitucional formal. Detrás hay ciudadanos de toda España, también nacidos o residentes en Cataluña, que viven con dolor, frustración, preocupación e indignación lo que está pasando ¿A quién hay que decírselo para que nos entiendan?