Por fin Artur Mas firmó el anunciado decreto de convocatoria de la consulta del 9 de noviembre. Del decreto se desprende que la eficiente Generalitat solo pretende, con la celebración de dicha consulta, «ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política e institucional que le corresponde». Para ello se quiere preguntar a los ciudadanos: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Y, en caso afirmativo: ¿Quiere que este Estado sea independiente?». A pesar de estas palabras tan amigables, en realidad, supone un jaque al Estado y a sus ciudadanos.
Algunos catalanes ya venimos observando cómo, poco a poco, nuestros derechos y libertades individuales se están poniendo al servicio de la construcción de una nación cimentada a base de medias verdades y manipulaciones históricas, de estrujar al máximo el derecho, y de apropiarse de los sentimientos. Todo para justificar algo que al final, después de tantos esfuerzos, no van a conseguir. Esto es, que Cataluña sea una nación en términos jurídicos. O, dicho de otra manera, no han podido demostrar que Cataluña sea titular de un derecho colectivo de autodeterminación y, consecuentemente, tenga poder para decidir su independencia.
Fíjense que en los últimos meses uno de los argumentos que más ha convencido cuando ya se iba viendo que la consulta no iba ser legal, era que la democracia debía de estar por encima del derecho. Es más, algunos líderes políticos han dicho que la voluntad del pueblo era más importante que cualquier ley. Asimismo, se han celebrado en Barcelona masivas manifestaciones ciudadanas pidiendo que a los catalanes se les deje votar el 9 de noviembre «porque es democrático». Incluso algunos representantes políticos han insultado a quienes no entienden que la nación catalana es una realidad, en sí misma, incuestionable. Quien no acepte esta realidad, pretenden hacernos creer, es que no tiene ni idea de lo que está pasando en Cataluña. Aunque quien lo diga sea catalán y viva en un entorno nacionalista rodeado de banderas secesionistas.
El pasado 23 de enero del 2013, muchos catalanes nos quedamos boquiabiertos cuando el Parlamento catalán aprobó, por menos de dos terceras partes (mínimo necesario para modificar el Estatut), que el pueblo de Cataluña era «un sujeto político y jurídico soberano con derecho a decidir». ¿Por qué necesitaban declarar la condición jurídica de dicho pueblo? Es curioso, porque tras su aprobación hubo un intenso debate ciudadano sobre los efectos jurídicos de la citada declaración. Sin embargo, el Tribunal Constitucional despejó, posteriormente, ciertas dudas al declarar nulas las disposiciones de la resolución que conferían soberanía al pueblo de Cataluña, porque entendió que lo jurídico no es solo lo que es vinculante y que la atribución de soberanía confería poderes que no correspondían a las nacionalidades que integran la nación española. Por tanto, con esta sentencia se perdía al sujeto titular de un pretendido derecho a decidir.
El decreto de la consulta catalana vuelve machaconamente sobre la idea de convertir a la nación catalana en una entidad titular de derechos. Ni siquiera se detiene en lo que podría ser la base del pueblo catalán. Todo lo contrario, quienes pueden votar son, principalmente, los que residen en el territorio catalán (la nación), los demás catalanes no importan.
Se engaña cuando se afirma que la votación es inocua porque no es vinculante: no lo es. Votar el próximo 9 de noviembre significa reconocer que la nación catalana es un sujeto titular del derecho a decidir su independencia. Algo que en estos momentos no está contemplado ni en el derecho interno ni en el derecho internacional. Quienes bendicen la consulta contribuyen a consolidar la idea que la nación catalana es un sujeto político distinto a España con poder para opinar (y decidir) sobre su secesión.
Votar no es una solución al problema que enfrenta a los catalanes. Hay catalanes que libremente no queremos ceder nuestros derechos a una nación y sabemos que la consulta es el primer paso. Tampoco es una solución reconocer la singularidad catalana porque solo se piensa en los catalanes cuya realidad (no jurídica) es la nación catalana, pero no se tiene en cuenta a los demás catalanes y al conjunto de la ciudadanía española .
A algunos catalanes no nos queda más remedio que emprender todo tipo de acciones democráticas para que nuestros derechos y libertades no se vean perjudicados por este proceso secesionista, como el derecho a la protección de los datos personales o la libertad de pensamiento y de conciencia, que van a ir más allá de la fallida consulta programada para el 9 de noviembre.