Decepción ha sido quizás, la palabra más repetida durante esta semana tras el anuncio del presidente Rajoy de su decisión personal de retirar el anteproyecto ley de protección del concebido. Esta decepción que sentimos quienes defendemos la vida del no nacido y a la mujer embarazada, no es un estado de ánimo que incapacita, sino una respuesta ante una decisión de un Gobierno en el que creíamos y confiábamos sería fiel con sus convicciones y con su compromiso electoral. No ha sido así, y sinceramente creo que es un error.
El Partido Popular se ha significado hasta la fecha, y lo esgrimía como identidad irrenunciable, por la defensa de la vida. Recordemos que fue este partido quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad a la primera ley del aborto del año 83, que dio paso posteriormente a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 85; fue este partido y especialmente el señor Rajoy quien apoyó la multitudinaria manifestación por la vida y contra la Ley Aído del año 2009; quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad, y que aún permanece sin resolver en el Tribunal Constitucional, contra la actual ley del aborto; quien se comprometió en su programa electoral a cambiar la norma para cumplir con la jurisprudencia constitucional; y ya como gobierno, quien aprobó en diciembre de 2013 el anteproyecto ley de protección del concebido.
En consecuencia produce tristeza escuchar al señor Rajoy que la solución a una cuestión tan radical como es el derecho a la vida, ha de encontrar respuesta no en sus convicciones o en las de su electorado, sino en el consenso democrático, lo que es lo mismo que emplazar su decisión ad calendas graecas, y asumir como propia la Ley Aído. Una ley en la que en cada artículo late la ideología de género, la cultura relativista y nihilista que choca de frente con el supremo valor de la vida del concebido. Difícil por tanto reconciliar o consensuar a unos y a otros como pretende Rajoy renunciando a representar a sus votantes en materia tan sensible, sin olvidar que las dos leyes que hasta la fecha han regulado el aborto han sido impuestas por el partido socialista. Y cada día que pasa en esa búsqueda de consenso se cobra centenares de vidas humanas y se abandona a miles de mujeres a las que como única solución a sus problemas se les ofrece la salida del aborto.
Con esta decisión el PP renuncia a defender las convicciones de sus electores, lo que es un acto de Lesa Democracia que deja a la intemperie a miles de votantes huérfanos de representación política. Y que no me cabe la menor duda, tendrá su coste electoral.
Se engañaría quien pensara que aquí se acabó todo. La defensa de la vida de los niños por nacer es asumida por la sociedad civil como siempre, porque somos las personas quienes conocemos el valor de la vida humana. Seguiremos promoviendo estructuras de solidaridad con las mujeres embarazadas para facilitarles el derecho a ser madres, como ya hicimos la sociedad civil gallega cuando en el año 2009 promovió una Iniciativa Legislativa Popular con la firma de más de 22.000 ciudadanos, que dio lugar a la Ley de apoyo a la mujer embarazada, que fue la primera ley que aprobó el gobierno de Feijoo, y gracias a la cual ocho de cada diez mujeres deciden continuar con su embarazo.
La sociedad civil asume la responsabilidad que los políticos rechazan y el 22 de noviembre próximo nos manifestarnos en Madrid para que el derecho a la vida del concebido no sea una cuestión de consenso sino de dignidad humana.