La cosa es así: el PP incluyó en su programa electoral la reforma de la ley del aborto de Zapatero, que además recurrió ante el Tribunal Constitucional. Rajoy encargó a su ministro de Justicia que elaborara un anteproyecto, que con su visto bueno llegó a ser aprobado al sexto intento por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. Gallardón se comprometió a que el Gobierno diera luz verde al proyecto de ley antes del verano. Pero he aquí que ya estamos en otoño y continúa guardado en un cajón, aparcado. ¿No era tan nefasta la ley de plazos, contra la que el Rajoy de la oposición llamó a manifestarse en las calles y de la que dijo que «no protege suficientemente el derecho a la vida»? ¿Si era eso lo que pensaba, no resultaba urgente derogarla? ¿No era tan aberrante que las niñas de 16 años pudieran abortar sin consentimiento paterno? ¿Qué ha pasado para que el PP incumpla una de sus promesas estrella? Pues pura y simplemente que llegó el gurú demoscópico y poder fáctico en la sombra Arriola y mandó parar. Desplegó sus encuestas sobre la mesa de Rajoy y le dejó claro que sacar adelante esa ley podía costarle muchos votos de cara al maratón electoral del 2015. Más de los que ganaría entre los votantes ultraconservadores. Puro cálculo matemático. O, en términos marxistas, de Groucho, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Ahora toca lavarse las manos y dejar que sea un controlado Constitucional el que actúe. A todo esto, el ambicioso Gallardón ha quedado totalmente desautorizado, sin otra salida digna que dimitir, debido a la negativa del presidente del Gobierno a aprobar la ley que le encargó en cumplimiento del programa con el que ganó las elecciones. Todo sea por los votos.