Que en España algunos pretenden que no todos seamos iguales ante la ley, lo sabe hasta el que asó la manteca. Un ejemplo es el trato de favor que la Fiscalía de Madrid pretendió darle a Esperanza Aguirre por el incidente en que la política arrolló una moto de un agente. El ministerio público consideró que los hechos no tenían entidad para ser considerados como delito, y sí, en su caso, como una falta. Son muchos años pateando tribunales para asegurarles que, si en vez de ser la señora Aguirre la que cometió, presuntamente, semejante tropelía, fuera cualquier otro españolito de a pie, este habría sido detenido, y la citada fiscalía hubiese calificado los hechos como delito, solicitando pena de cierta consideración. Y esa sería la forma correcta de proceder. Lo contrario es una vergüenza que provoca sensación de inseguridad jurídica en la ciudadanía. En este país, nuestros mandamases, pues la Fiscalía General del Estado ejerce funciones de fiscalía general del Gobierno, están perdiendo el decoro. Y eso es peligroso. Diría que tanto como que la prima de riesgo se dispare. Menos mal que la Audiencia Provincial madrileña ha puesto las cosas en su sitio y ha ordenado que el incidente se juzgue como delito.