Hablando de hospitales, colegios y autopistas, que son servicios susceptibles de polémicas privatizaciones, se nos está olvidando que elementos esenciales del Estado -la política, la justicia, la soberanía y la igualdad- también se están privatizando, y que, en vez de mantener el carácter institucional de determinados espacios, estamos permitiendo que la iniciativa privada los maneje a su antojo y beneficio.
El caso más curioso es el del independentismo catalán, que, a la espera de un conflicto que genere quiméricas estructuras de oportunidad política, está siendo impulsado por una persona privada, doña Carme Forcadell, que preside la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y que trata la ley con la displicencia propia de un ciudadano que tiene la obligación de cumplir las normas ,pero no la de hacerlas cumplir. Y esa es la trampa que facilita que Mas actúe en fraude de ley, que el Gobierno no exija a tiempo las responsabilidades propias de las instituciones catalanas, y que todo pueda evolucionar, en aparente tierra de nadie, hacia la tan deseada y jaleada situación límite, en la que todo puede suceder. Es la privatización de la política, que implica a toda la comunidad española, pero que en modo alguno la respeta ni le da participación.
En justa correlación con ANC, también existe otra asociación, Manos Limpias, que a la chita callando, y al amparo de una ley procesal generosa, va privatizando las funciones de la Fiscalía. Porque en los grandes conflictos del país, lejos de ser el Estado el que toma la iniciativa a favor de la legalidad, se están cediendo espacios a una asociación cívica que toma sus decisiones con criterios inevitablemente parciales, sin la garantía de equidad que caracteriza a las instituciones.
Este es el ambiente en el que surgen modelos de justicia y de política que, a impulso de padres coraje, de víctimas de diversa condición y grado, y de asociaciones que asumen una visión unilateral de la justicia -contra las hipotecas, los desahucios, las preferentes, los recortes, y un largo etcétera-, van enredando la máquina del Estado a la medida de visiones particulares y no sistémicas, hasta generar la sensación de desorden del espacio público en la que estamos instalados. Y lo mismo podría decirse de la privatización de políticas asistenciales, nacionales o internacionales, en favor de asociaciones y oenegés que, en defensa de sus orientaciones y estrategias, inundan el país de dramáticos informes y estadísticas que nos sitúan en el epicentro del tercer mundo.
No faltará quien crea que todo esto es prueba del vigor de la sociedad civil. Pero yo creo que no, y que bajo esa apariencia de civismo activo se está instalando una preocupante particularización e individualización de la política, que en nada favorece ni la eficacia, ni la equidad, ni la justicia.