Hay que reformar la Constitución. Cuando se intenta acorralar a Rajoy sobre esa necesidad, urgencia o apremio reformista solo se le arranca que es posible, que han de darse las condiciones para un consenso y con sentido común responde a su interlocutor qué le concrete sobre qué y cómo se haría la reforma. El nuevo secretario general del PSOE ha asumido como núcleo duro de su mensaje reformarla, para hacer de España un Estado federal. Las palabras están en la línea de las que los socialistas llevaban al debate constitucional y que plegaron por mor del consenso y por aceptar el enganche con el Estado de la Constitución republicana de 1931.
En primer término, qué se trata de reformar. Parecerá una simpleza, pero la realidad es que el Estado autonómico es ya un Estado federal. Las Comunidades autónomas con sus gobiernos, parlamentos y tribunales superiores de Justicia caben perfectamente en el marco del federalismo, que ofrece notorias diferencias en los Estados que lo han adoptado en sus Constituciones.
No parece necesario mostrarlas por evidentes. En el fondo, con la pretendida reforma, abrazada con entusiasmo por creadores de opinión pública, se trataría de cambiar el nombre. Las Comunidades autónomas pasarían a ser Estados y sus Estatutos se convertirían en Constituciones.
Desde un punto de vista teórico no habría inconveniente en admitir que las Comunidades Autónomas uniprovinciales, a pesar de su extensión y población, sufriesen ese cambio, aunque pueda ser chocante el proceso a seguir: de Diputación provincial a Comunidad Autónoma y finalmente a Estado.
Se necesitaría, en efecto, una reforma de la Constitución para ese objetivo, porque el diseño autonómico, previsto con toda conciencia, que figura en la Constitución no se corresponde con la realidad actual. Lo que hay ahora es el resultado de decisiones políticas en las que originariamente participaron el gobierno de Calvo Sotelo y el de Felipe González. Los partidos políticos pasaron por encima de la Constitución e impidieron que se pronunciara el Tribunal constitucional. En definitiva, la propuesta reforma serviría para convalidar la vulneración de la Constitución, incluyendo en la nueva el Estado actual de las autonomías, como se desprende del informe del Consejo de Estado y se encontraba implícito en la pregunta que le formuló el gobierno de Rodríguez Zapatero. La finalidad política de la reforma en clave federal apunta a que la consideración de Estado a Cataluña permitiría reconocerle singularidades que ahora han quedado impedidas por la sentencia del Tribunal constitucional sobre el Estatuto de autonomía, que tanto ha exacerbado a los nacionalistas y contribuido a crear un clima de desafecto en muchos ciudadanos que no son separatistas.
Entre ellos se encuentra el PSC que sigue condicionando la posición del PSOE en la cuestión catalana. La que propone ¿es la única solución pensando en toda España? A esa y otras contesto en un libro próximo.