Mantener los derechos sociales configura el espacio real del ejercicio de la ciudadanía. Una de las excelencias democráticas ha sido la promulgación y garantía de la igualdad de oportunidades en la sociedad del conocimiento para convivir y competir. Tenemos miedo y rabia. Hay indicios racionales de cómo se pretenden aplicar medidas austericidas a la Universidad, esa puerta que nos coloca en el gran vestíbulo del conocimiento como herramienta para saber, emprender y ejercer.
Con los salarios congelados, pensiones con pérdida progresiva del poder adquisitivo, distancia cada vez mayor entre los que torean un sueldo y los que forman parte de la élite económica, el Gobierno, desde su modelo de responsabilidad presupuestaria, decide que las tasas académicas supondrán 9.000 euros anuales.
Hasta nos hacen «el favor» de indicarnos el modelo a seguir: los países capitalistas donde la banca concede créditos blandos a los estudiantes para que, una vez insertados en el mercado laboral, los devuelvan. Cualquier parecido con la España actual, mera quimera.
La Universidad no puede ser para los ricos. La igualdad de oportunidades para acceder a los estudios y titulaciones universitarias forma parte del compromiso garantizado por el Estado de Derecho; lo otro es una cita con el pasado, con aquella sociedad clasista donde las ciudades universitarias eran pocas y hogar de los hijos de papá.
La Universidad tiene problemas de financiación; hecho que debe resolverse en tres espacios: presupuestos procedentes de los ingresos impositivos; aportaciones de la empresa privada, incluidas las entidades financieras, a cambio de mecenazgo y esponsorización; y concentración de campus, evitando dispersiones ineficientes.
La crisis ordena ajustes, pero siempre considerando la Universidad como inversión productiva. Recórtense gastos en infraestructuras, que deben esperar a tiempos mejores, aunque suponga menos dividendos para grandes compañías. La Universidad es la cantera de dirigentes que necesitamos.