La idea de conceder fuero jurisdiccional al rey padre y a la reina madre (llamándolos así nos evitaríamos chuscas confusiones) y a la reina y la princesa de Asturias, ha levantado muchas críticas. Tantas que el PSOE, víctima creciente del síndrome de Estocolmo tras la fulgurante entrada en escena de Podemos, se ha negado a apoyarlo, argumentando que se ha hecho de forma chapucera y olvidando que chapucera ha sido también la articulación legal del proceso de sucesión que el PSOE apoyó, sin embargo, con la única abstención del inefable ex alcalde socialista donostiarra. Ellos sabrán, pero, a este paso, el PSOE acabará siendo el partido del no sabe, no contesta.
La auténtica cuestión no es, en todo caso, aquella en la que los acobardados socialistas se han escudado para no decir ni sí, ni no, sino la de si deben existir aforamientos y si en ellos debe incluirse a los actuales miembros de la familia real, equiparándolos por tanto, entre otros muchos aforados, a los diputados nacionales y autonómicos, a los miembros del Gobierno y a los de los ejecutivos regionales.
Dar una respuesta razonada a esta pregunta solo es posible si se explica previamente el sentido que tiene el fuero jurisdiccional, que constituye una excepción al principio constitucional del juez ordinario predeterminado por la ley: para todos ese juez es el del lugar de la comisión del delito (o la Audiencia Nacional para aquellos de los que debe conocer), mientras que para los aforados puede serlo el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad, o el Tribunal Supremo.
¿Por qué tal excepción? Pues porque la imputación o el procesamiento de determinadas personas no solo les afecta a ellas (y a sus familiares o amigos) sino que tiene una trascendencia general que aconseja reducir las posibilidades de que pueda ser fruto de la malevolencia o del error. De ese modo, lo que fue históricamente una forma de defensa de los parlamentarios frente a los posibles ataques de los reyes, trata hoy solo de evitar que el prestigio de quienes representan a importantes instituciones del Estado y, por tanto, el de ellas mismas, quede en manos de varios miles de jueces, entre los que, como es bien sabido, ocurre lo que entre los catedráticos, futbolistas y bomberos: que hay de todo.
El aforamiento judicial no significa, por eso, que su beneficiario no vaya a ser juzgado, si fuera el caso, de la misma forma que cualquier otro ciudadano, que es en lo que consiste la justicia. Solo reduce las posibilidades de que sean objeto de un trato judicialmente arbitrario personas cuya imputación o procesamiento ocasionaría un daño institucional que supera muy de largo al individual que a todos nos afecta cuando nos las debemos ver con la Justicia. Es impopular decirlo, pero muchos de los que hoy protestan saben que es así.