En España cabemos todos. Este fue uno de los mensajes centrales que lanzó Felipe VI en su proclamación. Pero ese día la policía había recibido órdenes de impedir la exhibición de cualquier símbolo republicano, desmintiendo de facto en la calle nada más y nada menos que al propio monarca. Ese histórico 19 de junio, al menos, no cabían los ciudadanos que colocaron banderas tricolores en el exterior de sus casas, ni siquiera una muchacha a la que las fuerzas de seguridad impidieron el paso por llevar prendida una chapa republicana. Como es habitual en estos casos, nadie ha asumido la responsabilidad política por este manifiesto atropello a la libertad de expresión. Y eso que el Gobierno ya había tomado la arbitraria decisión de prohibir las manifestaciones republicanas. La consigna era clara: acallar, ocultar y reprimir las voces disidentes de la gran ceremonia de cuento de hadas que se estaba representando. En ese mismo discurso, el rey abogó por una Corona «íntegra, honesta y transparente». En la primera ocasión que tuvo de demostrar esa transparencia la casa real también desmintió con los hechos a Felipe VI, al negarse a facilitar la lista de los 3.000 invitados a la recepción en el Palacio Real. Los ciudadanos tienen todo el derecho a saber quiénes fueron los elegidos y, por ende, los excluidos, ya que se trataba de un acto oficial pagado con fondos públicos. Algunas ausencias, si se comparan con las presencias, resultan inexplicables y significativas de a quiénes la Casa Real considera importantes o representativos de la sociedad española. En su primer día, esta no fue esa monarquía renovada para un tiempo nuevo prometida por el nuevo jefe de Estado. Hay tiempo para rectificar.