Lo que se va a someter a la aprobación de las Cortes Generales en relación con la abdicación anunciada por el rey don Juan Carlos es algo muy concreto, que no tendría que embarullarse con cuestiones que lo rebasan. La intervención de las Cortes Generales es inherente a la monarquía parlamentaria. El rey no es soberano. La soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. La formalidad de la ley orgánica no tiene más funcionalidad que asegurar una mayoría absoluta por la indudable importancia del asunto. Su concreción permite pronunciarse sin subterfugios sobre su objeto. No se somete a la consideración de los parlamentarios la forma de Gobierno de España.
La Constitución de 1978 es reflejo de un amplio pacto. Conviene recordarlo. La votaron favorablemente Unión de Centro Democrático, el PSOE, el Partido Comunista, con Carrillo, los nacionalistas de CiU y la gran mayoría de Alianza Popular, con Fraga. Se abstuvo el PNV. En contra se manifestó la muy minoritaria ERC. La UCD desapareció; la mayor parte de su espacio lo ha ocupado el PP. El PSOE de Felipe González se mantiene con el dimisionario Rubalcaba. Es, por tanto, coherente que vote afirmativamente la abdicación y no parece que venga mal a un partido que aspira al Gobierno de la nación mostrar lealtad con lo pactado.
Resulta penoso reconocer una abstención de CiU. No se trata ahora de ninguna alteración de la forma de Gobierno que aprobaron. Es una deslealtad con lo pactado y una rendición a pequeños cálculos electorales, que quizá le sean contraproducentes. Ni siquiera un pronunciamiento positivo interfiere en la iniciativa sobre el derecho a decidir. La Corona sigue siendo la misma con don Juan Carlos y con su hijo Felipe. Más aún, el voto positivo sería una oportunidad de diferenciarse de ERC, con la cual tampoco fue unida a las elecciones europeas, y cuyo seguidismo le ha ocasionado una merma importante de respaldo popular.
Por lo que se refiere al PNV, es cierto que se abstuvo por no admitir que el magnánimo reconocimiento de la Constitución a los derechos históricos se hiciera en el marco de la Constitución para actualizarlos. La abstención actual en cuanto al asunto puntual de la abdicación es una contradicción manifiesta con su proclamado pacto con la Corona en el debate constituyente. Sigue siendo la misma, con distinto titular. Sobre esas contradicciones es muy difícil establecer un diálogo sincero.
Los partidos que no existían cuando se aprobó la Constitución no están ligados por el pacto constituyente, pero tienen difícil el voto negativo. La oposición no es sostenible por cuestiones procedimentales, y carece de toda razón en cuanto al contenido de la ley. No se pregunta sobre la monarquía. El no a la abdicación supondría, por motivos incluso contradictorios, la continuación de don Juan Carlos. Otras salidas coherentes serían el no oponerse de una abstención o de la no asistencia. La concreción de la ley ha sido un acierto.