La UE acaba de dar un paso importante en el objetivo de acabar con las condiciones de precariedad del transporte internacional de mercancías por carretera. Garantizar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores desplazados y de los transportistas debiera ser una preocupación en toda la UE por la distorsión del exceso de temporalidad del transporte, que provoca un dumpin social en el conjunto de la Unión.
Comprobar el tiempo de permanencia de matrículas extranjeras, jornadas de trabajo, vacaciones, cuantía de los salarios, convenio de aplicación que permita la identificación de las condiciones de los conductores desplazados debe ser un objetivo, en el que las administraciones deben involucrarse porque afecta al comportamiento de la economía en el transporte internacional de mercancías por carretera. El régimen jurídico laboral, de los trabajadores que prestan servicio en el extranjero de manera habitual, tendría que ser aquel que resultase más beneficioso en este caso para el que lo realiza. El régimen de la Seguridad Social española establece que aquellos trabajadores extranjeros que prestan servicio habitual en España tienen que estar sometidos a la legislación española en esta materia. Sería deseable que las administraciones competentes las medidas oportunas en el cumplimiento de esta norma.
En los últimos años, asistimos a un cambio brusco y de deterioro en la calidad del transporte internacional, al sustituirse el de mayor calidad: francés, alemán, italiano, holandés, belga, español, inglés, danés, sueco o noruego por el procedente de los países recientemente incorporados a la UE: Rumanía, Bulgaria, Polonia o Turquía, que han erosionado fuertemente el mercado del transporte así como las condiciones de acceso a esta actividad, provocando diferencias importantes en su regulación en relación a estos países.
Muchas empresas de nuestro país se han deslocalizado en estos últimos años por sus menores exigencias fiscales, laborales, etc., continuando operando en España y vulnerando nuestra legislación. La Seguridad Social es clara en este sentido, por lo que también la Inspección de Trabajo y otros órganos de inspección deberían estar a la altura de estos comportamientos. Saludamos que por fin Francia, aunque con evidente retraso, empiece a preocuparse por estas conductas que algunas organizaciones de transportistas, venimos denunciando desde hace años.