Ayer conocí dos historias de embargos que claman al cielo. Una la publicó este diario: es la de ese jubilado de Camariñas que volvió de la emigración, Hacienda le reclama 21,88 euros con aviso de embargarle lo que tiene y se vio obligado a acudir a la caridad para librarse del atraco legal del fisco. Hay que reconocer en honor de la Hacienda pública que al menos tuvo el detalle de avisarlo. La otra es la de una compañera de oficio, divorciada y con dos hijos, que tenía en su cuenta un fabuloso saldo de 700 euros. Acudió al cajero a sacar 50, y la máquina se los negó y le recomendó que consultara su saldo. Acudió a la sucursal bancaria y se encontró con que el Ayuntamiento de Madrid le había embargado todo, más lo que ingrese en el futuro hasta completar 1.200 euros. ¿Motivo? Multas de aparcamiento agrandadas con sus intereses hasta alcanzar esa cantidad. El Ayuntamiento le embargó todo su capital sin un mínimo aviso. Esa mujer ayer mismo no pudo hacer la compra.
Todo esto es legal. Perfectamente legal, supongo. Si no lo fuese, un organismo público no causaría ese daño a las personas. Además, reclaman o cobran lo que les pertenece según la ley. Pero es el mejor ejemplo de cómo las Administraciones públicas se han convertido en máquinas sin alma ni sentimientos y que se ceban con los débiles. Si les quedara algún sentimiento, si supieran el daño que pueden causar a personas de carne y hueso, con familias que atender, por lo menos se detendrían a preguntar en qué cartera están metiendo sus manos o si dejan a algún niño sin cenar una noche. Esto no es demagogia. Es pura realidad, y solo he citado dos ejemplos que he conocido en una mañana.
¿Y saben esos organismos públicos lo que más hiere? Que ese emigrante jubilado de Camariñas seguramente ha leído que cada año se fugan de España 40.000 millones de euros hacia el país donde él trabajó, que es Suiza. Y el fisco se entretiene en ver cómo le cobra los 21,88 euros de la miseria, mientras los evasores de los miles de millones ya se han beneficiado de una amnistía fiscal. Y mi compañera de oficio hace crónicas de tribunales donde los jueces tratan de buscar los millones sustraídos a la formación de parados, o los millones esfumados en expedientes de regulación de empleo cuyos sumarios se eternizan, o los millones que se manejaron (¿se manejan?) en la contabilidad B de los partidos que nos gobiernan, o los millones que se pierden por las cañerías del despilfarro.
Los ladrones de ese dinero gozan de alta consideración social. Ella, insisto, ayer no pudo comprar la cena de sus hijos. Y sin avisarla previamente. Algo grave falla en el sistema. Estamos gobernados por máquinas. ¿He dicho sin alma? Por supuesto. Y sin piedad.