Tenemos la sensación de estar inmersos en una permanente reforma educativa. Sin haber finalizado el desarrollo de la ley anterior, ya está en el BOE una nueva. Y lo que es peor: se ha prometido la derogación de esta, para cuando cambie el color del Gobierno. Desde que en 1980 entraba en vigor la primera ley democrática de la enseñanza no universitaria, el Estatuto de Centros (Loece), ya se han aprobado seis más. Cada comunidad autónoma tuvo que desarrollarlas en su territorio, con un coste económico, político y social muy importante. El proceso comienza ahora de nuevo con la Lomce. Esta inestabilidad legislativa es una de las principales causas del fracaso escolar y del desánimo de los docentes. Los países con mejores resultados educativos suelen tener sistemas estables y acuerdos sólidos en los aspectos esenciales de la educación institucional.
En España, cada cinco años de media, tres palabras del legislador, como diría el jurista alemán Kirchmann, convierten bibliotecas enteras en basura. No podemos ni imaginar el número de normas educativas que ya han sido derogadas en nuestra joven democracia. Una nueva reforma supone, para los gestores del sistema, mucho tiempo de estudio y adaptación. Resumir, esquematizar y archivar, se convierten en tareas siempre inacabadas. Cuando realmente se llega a dominar el entramado jurídico y su aplicación, nace otra ley y hay que volver a empezar. En cada reforma se introducen nuevos términos y conceptos pedagógicos, muchos de los cuales ya existían, pero con diferente denominación. Se dan bandazos, más que cambios, en aspectos que deberían tener gran estabilidad. Es el caso, por ejemplo, de los currículos, las materias o sus horarios.
Los intentos de llegar a un acuerdo general sobre la educación han fracasado. Es posible que nuestra sociedad y democracia aún no estén maduras. En las reformas educativas se viene dando prioridad al aspecto ideológico sobre el educativo. Esto siempre ha enconado las posturas y alejado el debate de los verdaderos problemas que tiene la enseñanza. A finales del pasado siglo, varias comunidades autónomas implantamos la Logse por obligación, sin creer en ella. Ahora va a pasar lo mismo con la Lomce, pero a la inversa. En su desarrollo, volverán los debates políticos intransigentes y las diferencias importantes entre las autonomías. El consenso se hace cada vez más imprescindible. El diagnóstico de nuestro sistema educativo está perfectamente hecho y también se conocen los remedios. Solo falta que alguien sea capaz de liderar un proceso tranquilo de diálogo y flexibilidad, que finalice con un acuerdo estable en lo esencial. Todos los implicados tendrán que ceder mucho, pero va a ser en beneficio de las futuras generaciones.