La alcaldesa y el presidente de Madrid están empeñados en prohibir las manifestaciones en el centro de la capital. Que no (les) molesten. Lo volvieron a proponer a raíz de los inadmisibles actos de violencia tras el 22-M. Contaron con el apoyo inestimable del ministro del Interior. La pretensión de confinar las protestas a manifestódromos no es nueva. Es decir, si usted quiere expresar su rechazo a las políticas gubernamentales se va a pasar la tarde del sábado o la mañana del domingo a un descampado del extrarradio, donde no pase ni un alma. Si acude en familia y le da el presupuesto, lo que es dudoso, lo puede hacer pertrechado con una tartera en la que lleve la tortilla de patatas y los filetes empanados. Y que no falte la neverita con el tinto y los refrescos. Vamos, un día de campo. La vicepresidenta descartó la iniciativa de Ana Botella e Ignacio González, que tienen en común no haber sido elegidos en las urnas, y de Jorge Fernández Díaz. Este sufría otro varapalo, extensible a Mariano Rajoy, al rechazar el Consejo General del Poder Judicial por unanimidad su descabellado proyecto de ley de seguridad ciudadana, por considerar que tiene artículos inconstitucionales. Tratar de convertir el derecho fundamental de manifestación en un asunto de orden público es muy preocupante. El Estado tiene poder y legitimidad para reprimir, siempre con proporción y dentro de la ley, a los violentos, que empañan las legítimas protestas ciudadanas, y ponerlos a disposición judicial. Es comprensible que al Gobierno no le guste que le recuerden en la calle que hay millones de personas para las que la cacareada recuperación es una entelequia, una burla, pero toca aguantar. Es la democracia.