Era ministro de Defensa, la estrella ascendente del Gobierno de Angela Merkel y el político alemán más valorado. Pero Karl-Theodor zu Guttenberg dimitió al descubrirse que había plagiado el 20 % de su tesis doctoral. Mark Harper, secretario de Estado británico de Inmigración, se fue a casa cuando se supo que su empleada del hogar no tenía permiso de trabajo. Chris Huhne, su colega de Energía, dejó su cargo por intentar eludir una infracción de tráfico por exceso de velocidad diciendo que la había cometido su mujer. El ministro de Exteriores de Japón, Seiji Maehara, se fue tras admitir que recibió una donación ilegal de 435 euros. La ministra de Asuntos Exteriores francesa, Michèle Alliot-Marie, cesó tras publicarse que se había ido de vacaciones a Túnez en un avión privado del entorno más cercano al dictador Ben Alí cuando empezaban las protestas de la primavera árabe. El presidente alemán, Christian Wulf, se marchó tras destaparse que recibió préstamos y regalos de empresarios amigos.
Este tipo de comportamientos son causa de dimisión en las democracias avanzadas. En España no se dimite, salvo algunas excepciones, ni por recibir regalos, ni por enchufar a familiares en las instituciones, ni por mentir descaradamente en asuntos en los que hay muertes de por medio, ni por falsificar currículos, ni por cobrar sobresueldos, ni por comprar áticos de forma más que sospechosa. Ni siquiera cuando hay una imputación de por medio. Aquí la consigna es negarlo todo, resistir lo más posible en el cargo, culpar al juez o al sursuncorda. Esta es, sin duda, una de las causas de que la desafección de los ciudadanos hacia la política vaya en aumento.