Es innegable que la iniciativa de la Generalitat respaldada, sino arrastrada, por Esquerda Republicana tiene como objetivo final la secesión de Cataluña. La reciente votación en el Congreso confirma que no se conseguirá en la actual legislatura. Ninguna duda cabe sobre cuál será la respuesta del Congreso a la petición de que se delegue en la comunidad autónoma de Cataluña la competencia de convocar un referendo sobre su separación. No hace falta mayor indagación social sobre la opinión de todos los ciudadanos de España. La Constitución haría imposible la consulta secesionista. La dialéctica utilizada, en esa batalla incruenta -nada que ver con imágenes pasadas de Kosovo o actuales de Ucrania- se basa fundamentalmente en ese impedimento real. Ese carácter negativo se muestra al proclamar que la independencia dejaría a Cataluña fuera de la Unión Europea y de la zona euro, corroborado desde la UE. Sus desventajas han sido manifestadas en público por empresarios españoles y extranjeros, que dejan en entredicho declaraciones del presidente de la Generalitat, cuyo partido, como sus antecedentes, ha tenido una relación fluida con el gran empresariado catalán. Sucede que en la cuestión catalana no hay solo un componente de carácter económico, aunque en diferentes versiones vaya unido a un sentimiento de identidad diferenciador. Siempre habrá un hueco para un patriotismo independentista que cuente más con un futuro, por lejano que sea, que otro inmediato menos propicio económicamente. Lo ocupa ERC con naturalidad y con sorpresa CiU, que ha llegado a situar la cuestión, con poco éxito, en el ámbito internacional. Bastantes problemas tiene en él la UE para permitir que se abra, sin necesidad, otro frente. Así las cosas, la suerte de la cruzada secesionista, por el momento, parece que está echada. Topa con un muro, político y económico, imposible de rebasar. Pero la batalla dialéctica no está tan claramente ganada. Los nacionalistas catalanes han tenido siempre la iniciativa. Han intentado cargarse de razones procurando extraer las máximas posibilidades del actual Estado autonómico, que parece no satisfacerles ya por el fuera de juego que declaró el Tribunal Constitucional y, para más inri, después de haberse pronunciado el pueblo catalán sobre el Estatut. Piden una competencia invocando un artículo de la Constitución, que se ha aplicado en numerosas ocasiones, para algo que se presenta como razonable: conocer qué piensa el pueblo catalán. El Congreso se adelanta a la respuesta aprobando una oportunista proposición no de ley de UPyD a la que no han podido dejar de votar PP y PSOE. Otro motivo de queja. El campo de batalla está lleno de minas dialécticas a evitar. Quizá sería mejor que el Congreso respondiese negativamente a la petición antes que un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional. El arte dialéctico de los defensores de la unidad no aconseja suministrar argumentos a quien la ha cuestionado.