Los ingresos tributarios procedentes de rentas (IRPF) y consumo (IVA e impuestos especiales), son relevantes y sensibles a las fluctuaciones del ciclo económico. La Administración del Estado y de las comunidades autónomas, donde estos impuestos tienen peso evidente, aprecian con rapidez la situación y suelen ajustar el gasto a las oscilaciones del ingreso. Pero esto no sucede en los municipios. Ya sea porque los impuestos citados no existen o porque si aparecen es como participación territorializada, se consideran lo que en realidad son: más transferencias que impuestos. O dicho en otros términos, la mayoría de los municipios son golpeados por la crisis a través de las transferencias y subvenciones recibidas (incluidas las cesiones del IRPF, IVA e IE), jugando un papel menor los ingresos por tributos propios.
Porque los ingresos municipales proceden del IBI, del impuesto sobre vehículos y de tasas diversas (recogida de residuos sólidos, ciclo del agua...). Son tributos que de forma más pausada e indirecta expresan los efectos decadentes de la economía (más despidos, menores salarios, menor consumo). Sin cambiar el valor catastral y el tipo impositivo del IBI, parece que la crisis es indiferente al impuesto, como también sucede con la imposición sobre los vehículos o con las tasas mencionadas.
El hecho de que las demoras y los impagos tributarios del municipio afloren con posterioridad revela que el empobrecimiento vecinal alcanza ya unos niveles preocupantes. Ya sea porque el ahorro mísero finaliza, porque la prestación por desempleo se agota, porque el valor catastral sube cuando el valor real de la vivienda baja o porque la «externalización» de los servicios públicos obliga, sin compasión, a subir las tasas que hay que abonar al concello. Y en tal supuesto la elección entre comer y pagar el IBI está clara.