20 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.
Las relaciones corruptas entre los gestores de lo público y las empresas contratistas se han enquistado tan hondo que la sociedad llega a interiorizar como normales prácticas que, por elemental higiene democrática, debe arrancar de raíz. Una concesionaria sirve igual para gestionar el agua o la basura que para rescatar a un club deportivo, colocar más personal que el Inem o pagar viajes a cuerpo de rey -de trabajo, claro- a aquellos a los que hay que mimar; y de ahí a financiarles la campaña electoral y al soborno solo hay un paso. Los corruptos solo pagarán el pato si un juez desenreda la maraña de (presuntas) responsabilidades penales. Las políticas, en este reino de tolerancia, no existen.