Se supone que la gran ventaja de la autopista que une la franja atlántica de Galicia es la vertebración del país, al menos de su parte más poblada e industrializada. La permeabilidad del territorio y los intercambios fluidos de las personas han sido una consecuencia evidente de la puesta en marcha de la vía que conecta Ferrol y la frontera con Portugal. En torno a las ciudades se consolidaron áreas urbanas mucho más integradas y se favoreció el movimiento entre ellas. Muchas personas tomaron decisiones que afectan a su vida laboral y a su organización familiar en función de las posibilidades que le ofrece la autopista para realizar desplazamientos diarios con rapidez y seguridad. Muchas empresas ampliaron sus horizontes territoriales por la misma razón.
Desde hace seis años la autopista viene acumulando pérdida de usuarios. La crisis habrá afectado, claro, porque a menor actividad y empleo, menos movimiento de personas y mercancías. Pero el encarecimiento de los peajes, que para trabajadores con salarios menguados puede ser desorbitado, es la razón por la que seguramente muchos usuarios han decidido dejar de utilizarla. Y están en la trampa, porque las alternativas por las carreteras convencionales son casi inviables.
Más de siete euros diarios para trayectos de ida y vuelta entre ciudades tan próximas como A Coruña y Ferrol o como Vigo y Pontevedra, o más de 30 euros (cinco mil pesetas) entre las dos ciudades más pobladas de Galicia son precios inasumibles para desplazamientos diarios. Galicia, a nuestro pesar, sigue en puestos de cola en renta disponible, pero pagamos peajes de ricos. Un despropósito.