La (posible) subida del IVA

OPINIÓN

23 ene 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

La comisión Lagares, encargada de estudiar la reforma fiscal, ha recomendado subir el IVA. Y como es posible que, más pronto que tarde, la recomendación acabe materializándose, invito al lector a visualizar algunas de las implicaciones de una medida como esta. Para ello es necesario averiguar en quién recae, en mayor o menor grado, dicha subida, porque más que el ministro de turno, son las leyes económicas las que determinan quién acaba soportando realmente la carga del (mayor) impuesto. El juego de mercado ajusta los precios de los productos, antes y después del aumento impositivo, de forma que los consumidores o las empresas cargan con una mayor o menor porción de dicha subida según el «poder de negociación» de cada una de las partes o, como dicen los economistas, de la elasticidad de la demanda y la oferta. Y es que el precio de cualquier producto surge de la lucha entre las empresas, que quieren que sea el mayor posible, y los consumidores, que pugnan por que sea el menor posible. Ahora bien, si las empresas intentan fijar un precio de venta demasiado alto, algunos o muchos compradores no estarán dispuestos a comprar y «se irán», mientras que si son los consumidores los que pretenden conseguir un precio de compra demasiado bajo, algunas o muchas empresas dejarán de producir porque a ese precio no les resulta rentable hacerlo.

Pues bien, las leyes económicas son inapelables. La teoría de la incidencia fiscal muestra que un aumento del IVA perjudica especialmente a la parte más inelástica de las dos. Para verlo, conviene advertir que el precio final que pagan los consumidores por un producto es el que perciben las empresas más el monto del impuesto. Y, viendo que dicho precio es mayor después que antes del aumento impositivo, reducen el consumo. A su vez, las empresas, al comprobar que la cantidad vendida es menor que antes, reducen el precio de venta para que los clientes vuelvan. Por lo tanto, que los compradores puedan «irse» -gastando el dinero en otras alternativas, por ejemplo- les confiere poder de negociación frente a las empresas obligando a estas a «asumir» una parte de la subida del impuesto con el consiguiente impacto negativo en la inversión y el empleo.

Pero las empresas también tienen poder de negociación frente a los consumidores por el mero hecho de querer producir menos cuando baja el precio. Imaginemos que, ante el mayor gravamen, los consumidores deciden no comprar a ninguna empresa que fije un precio mayor al que existía previamente, con las miras puestas en que la subida impositiva sea absorbida por las empresas. Como a algunas o muchas de ellas puede no interesarles producir a ese precio tan bajo para las nuevas circunstancias (fiscales), la cantidad total de producto existente en el mercado mengua. Y la consecuencia de que los consumidores se vean obligados a competir por una menor cantidad de producto es el alza de precios.

En definitiva, un impuesto como el IVA -que grava el consumo- acaba recayendo especialmente en los compradores si su poder de negociación es inferior al de las empresas, pero mayormente en las empresas si los consumidores son capaces de reducir su demanda más fácilmente que las empresas su oferta. Así, la cascada de efectos que sigue a cualquier aumento del IVA incluye algunos que, a priori, no son evidentes, pero que afectan a la recaudación final. Y, por ende, se entiende que, ante dicho aumento, la reacción inmediata de algunas empresas sea anunciar que no aumentarán el precio de sus productos y otras que, a su pesar, no les queda más remedio que hacerlo. Pero la verdadera razón no es porque las primeras sean solidarias con sus clientes ni las segundas estén operando con márgenes estrechos. Aunque es lo que acostumbran a decir.

Manuel Antelo es profesor de Economía de la USC.