Políticas científicas, habelas hainas. El problema es dar con ellas. Uno ha sido beneficiario en el CSIC de la herencia de espléndidos gestores públicos, como Lucio Rafael Soto, Sánchez del Río, o Alejandro Nieto, a los que es necesario añadir a Zorita y José María Serratosa al frente de la política de universidades en los Gobiernos de UCD. Uno ha participado y disfrutado de los logros en el CSIC con los equipos de José Elguero y Enric Trillas, y ha sufrido, también en el CSIC, avatares más recientes y dolorosos. En cualquier caso, con etapas singulares aparte, todo lo sucedido deriva de una errática política en ciencia e investigación.
En una primera etapa, desde la transición hasta los años ochenta, la ciencia en España toma características de institución social autónoma, y permite que surja una comunidad científica basada en el sistema de competencia y recompensas. La política científica desarrollada permitió la estructuración de un sistema de investigación (universidades, OPIs, CSIC) y un aumento de la productividad científica importante, con apenas un incremento en los recursos asignados, en treinta años (1975-2005), de un 1 % del PIB.
A partir de los años noventa, con los primeros Gobiernos populares, seguidos de los de Zapatero, y el de hoy mismo, sometidos a la valiente escasez cicatera de Montoro, la ciencia en España se enfrenta a una segunda etapa, con una mayor orientación industrial, el sistema de innovación, o un nuevo modo de producción del conocimiento.
Al tiempo, algunos Gobiernos, del Estado y autonómicos cambian su política de patronazgo de grupos de investigación y proyectos, y se lanzan a la creación de instituciones u organizaciones singulares de I+D. Nacen así el CNIO o el Centro de Enfermedades Cardiovasculares en el Estado, y una pléyade de centros en las comunidades autónomas, siendo siempre pionera en número y políticas Cataluña. Por no hablar de los conocidos, con razón y sin ella, como centros y parques tecnológicos.
Los nuevos centros de investigación nacen con vocación de excelencia y con un planteamiento de retornos competitivos, bien por proyectos, bien por comercialización del conocimiento generado. Para su creación algunos Gobiernos no han dudado en acudir al reclamo de consolidados y excelentes científicos españoles en el extranjero y así crear centros unipersonales ad hoc. Este es el caso de actualidad reciente de Aizpisua, pero antes también el de Mariano Barbacid o de Valentí Fuster, entre otros. Otros centros de investigación fueron diseñados y creados con criterios organizativos y de gobernanza más sólidos, algunos persisten, y otros como la red IMDEA (Instituto Madrileño de Estudios Avanzados), fueron víctimas de intereses personales y corporativos. Creados y abortados por igual, por iniciativa de Esperanza Aguirre y su Gobierno.
En este tiempo opaco de la ciencia en España -este vaise e aquel vaise-, conviene recordar que las ideas no duran mucho. Hay que hacer algo con ellas. Por citar a Santiago Ramón y Cajal.