La nueva regulación del aborto propuesta por el Gobierno cosecha un mayoritario rechazo social que alcanza a miembros y votantes del PP. No es extraño, ya que de ser aprobada, tendrá graves consecuencias sobre las vidas de miles de mujeres con embarazos no deseados que se verán obligadas a viajar a otros países europeos para interrumpirlo. Muchas otras, sin recursos económicos o sociales, tendrán que ser madres en contra de su voluntad o recurrir a prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida y su salud.
El anteproyecto nos sitúa junto a las legislaciones más restrictivas de la UE, como Polonia o Irlanda, y es aún más restrictivo que la regulación de 1985: suprime el supuesto de malformación fetal grave, incluidas las incompatibles con la vida; vuelve a considerar el aborto como delito, sin «pena» para la mujer, pero sí para los profesionales sanitarios que lo hacen posible, abandonándolos en la inseguridad jurídica; trata a las mujeres como menores de edad necesitadas de tutela; establece unos requisitos tan exigentes que lo convierten en una auténtica carrera de obstáculos, lo que en la práctica impedirá ejercer este derecho. Y no servirá para el objetivo que dice pretender: disminuir los abortos, como así lo muestra la aplicación de la ley actual. Según datos de la OMS en el 2008, la mayor incidencia del aborto se produce en África y América Latina, con tasas de interrupciones voluntarias del embarazo de 29 y 32 por cada 1.000 mujeres, respectivamente. En cambio en Europa Occidental, con leyes más permisivas, la tasa se reduce a 12, poniendo en evidencia una vez más, que esta no depende de la forma en que se regule sino de las políticas de educación sexual y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos. Políticas que, curiosamente, son obstaculizadas por quienes se oponen a reconocer este derecho.
Dicen defender la vida pero su defensa es hipócrita, ¿acaso las vidas y decisiones de las mujeres ya nacidas no importan?, ¿dónde están cuando se trata de oponerse a los recortes en dependencia, los desahucios o las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla? Igualan en consideración y valor, a cualquier etapa del proceso gestacional con el final del mismo, el nacimiento. Por el contrario, somos muchas las personas que pensamos que hay que diferenciar y como ejemplo para simplificar: «cuando nos comemos un huevo no nos comemos una gallina, cuando quemamos algodón, no estamos quemando un traje, que un embrión no es un niño de dos años»; que la protección hacia la vida en gestación debe ser gradual en función de su desarrollo, siendo la viabilidad fetal un criterio importante a la hora de establecer los plazos. Y que les guste o no, esa protección es imposible sin contar con la decisión de las mujeres.
Lo más grave de esta propuesta es la negativa a aceptar el derecho de las mujeres a decidir, incluidas las chicas de 16 a 18 años, en un ámbito tan personalísimo como lo es el de decidir si se quiere o no ser madre y en qué momento. Decisión que tendrá grandes consecuencias sobre sus vidas y las de sus hijos e hijas que merecen venir al mundo con garantías de que serán deseados y atendidos.
Hacen caso omiso de la pluralidad social en este tema y pretenden imponer la ideología de una parte al conjunto de la sociedad en un asunto que atañe a la libertad y el derecho a decidir de las mujeres. Más aún cuando se trata de reconocer un derecho que no obliga a su ejercicio. Será necesaria la implicación del conjunto de la sociedad para lograr la retirada del anteproyecto y que el Gobierno no eluda sus responsabilidades en la salud sexual y reproductiva.