Cuando un gobernante menciona la marca España, ¿qué quiere decir en realidad? ¿Se refiere a la calidad de nuestra democracia? ¿A la educación cívica de los ciudadanos? ¿A la racionalidad y buen funcionamiento de las instituciones públicas? ¿Qué significa realmente la marca España citada tantas veces por nuestros gobernantes?
Porque esta frase incluye a las empresas privadas. La ministra Ana Pastor dice estar muy preocupada por las consecuencias negativas que puede tener para la marca España el conflicto particular entre el consorcio que lidera la empresa Sacyr Vallehermoso y la Autoridad del Canal de Panamá. O sea, alguien debería aclararnos cuál es el verdadero significado de esta enigmática expresión.
Pero avancemos algo más. Desde una perspectiva económica, vivimos en sociedades articuladas en dos grandes espacios que interaccionan entre sí. Uno es el espacio privado (mercado), donde las personas producen bienes y servicios que después intercambian de modo voluntario mediante un sistema de precios. El otro es el espacio común, también llamado sector público o espacio civilizatorio. El mercado maximiza beneficios y utilidades, concentrando cosas (rentas, patrimonios, población, inversiones, etcétera), generando así desequilibrios económicos y territoriales no siempre fáciles de corregir. En el espacio común se generan bienes y servicios, se redistribuyen rentas, se estabiliza la economía y se incentiva su crecimiento. Pero la convivencia entre ambos espacios no siempre es pacífica. Las contradicciones existen y aparecen en las normas que regulan las relaciones laborales y en la distribución del excedente. ¿Cómo conciliar, pues, la marca España en este contexto social complejo?
Una respuesta sensata puede ser la siguiente. El negocio tiene ya espacio propio en el mercado, pero ambiciona también el espacio común. Y eso confunde lo suyo. Defendiendo que la empresa penetre en el sector público para gestionar servicios y actividades, o bien propiciando el adelgazamiento de lo público mediante el descrédito, las privatizaciones o la reducción de los ingresos tributarios. Y por eso se inunda al espacio común de conceptos mercantiles. Y por eso numerosos Gobiernos silencian la redistribución, la solidaridad, los derechos humanos, la lucha contra el fraude fiscal, la dignidad de las personas, pese a que todo ello conforma los pilares del espacio civilizatorio. Cuando se gestiona el presupuesto público, la obsesión del político es ahora la eficacia, la eficiencia, la racionalidad, la sostenibilidad financiera, los déficits, el despilfarro? y ahora también la marca España. Llenar el espacio común de criterios mercantiles es el primer paso para lograr una confusión interesada que beneficia siempre al poderoso.