Cuando lean este artículo es más que probable que ya se haya dicho todo o casi todo sobre la sentencia sobre la catástrofe ecológica que originó el accidente y posterior hundimiento del petrolero Prestige. Cuando ocurrió el accidente, acababa de ser elegido decano de la Facultad de Biología de la USC y pude comprobar cómo los profesores, los investigadores, los estudiantes, los miembros del personal de administración y servicios se pusieron inmediatamente al servicio de las instituciones para dedicar su esfuerzo y su tiempo a luchar contra la tragedia medioambiental. Y me siento orgulloso del comportamiento cívico y pacífico de todos ellos. Nuestra facultad fue la primera institución en hacer público un comunicado sobre este desgraciado accidente provocado por la negligencia e incompetencia de unos y la desidia y frivolidad de otros.
No soy persona de leyes y por lo tanto no puedo analizar jurídicamente la sentencia, pero sí puedo opinar sobre ella y debo decir que me parece un ejemplo palmario de la injusticia de la justicia. La justicia no es infalible y a veces los jueces pueden equivocarse como creo que ha sido el caso.
El accidente del petrolero fue un claro delito ecológico, de enorme gravedad, y por ello deberían pagar, penal y económicamente, los verdaderamente responsables, que no son las personas enjuiciadas, aunque tuviesen su alícuota de culpa. El presidente del Gobierno de entonces y el de ahora deberían haber sido los primeros en defender la dignidad del país frente a los delincuentes ecológicos y enviar el mensaje claro de que en este país no se puede causar un desastre ecológico y no pasa nada. Algunos ministros de aquel Gobierno, que ridiculizaron y minimizaron el desastre, deberían haber pedido perdón a todos los gallegos, como mínimo, por sus errores políticos y técnicos.
La sensibilidad de gran parte de nuestra clase política hacia la naturaleza es manifiestamente mejorable. Lo triste es que al igual que ellos, a muchos ciudadanos tampoco les importa mucho que se contaminen los mares y los ríos, que se quemen los montes, que se extingan muchas especies animales y vegetales o que la depredación urbanística vaya destruyendo irreversiblemente nuestro entorno.
Es lamentable el espectáculo de la clase política, que ni siquiera en un tema como este se pone de acuerdo. Es también penoso cómo los tertulianos se afanan en defender al Gobierno o lo contrario, dependiendo de sus preferencias políticas. Para que nadie se confunda, no soy miembro de Nunca Máis, no soy de ningún partido político ni sindicato. Escribo desde mi absoluta independencia. Y desde esa independencia, para mí, la sentencia del Prestige demuestra tres cosas: la impunidad de los poderosos, la injusticia de la justicia y el nulo respeto al medio ambiente. Con estas sentencias se genera en el pueblo una enorme desconfianza en la justicia, en la clase política, que se sintetiza en una palabra: desesperanza. Puedo estar equivocado pero es lo que pienso.
Jaime Gómez Márquez es Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidade de Santiago.