La catástrofe del Prestige produjo una profunda conmoción en el ánimo colectivo de Galicia. El «nunca máis» traducía con imaginación, y no exento de intencionalidad política, el sentimiento de una sociedad que había sido golpeada más veces de manera análoga. Pasó a integrar la lista global de desastres marinos y tuvo repercusión en la política gallega. En esto parece que existe consenso. No, en cambio, sobre la sentencia que acaba de pronunciarse al cabo de once años. La presentación de la noticia en los medios de comunicación es significativa: Sin culpables y sin responsabilidades civiles; nadie pagará. Se ha producido una cierta decepción, de la que se ha hecho comprensivo el presidente Feijoo. Cómo es posible que la considerada peor catástrofe ambiental de la historia de Galicia se resuelva con apenas una leve condena al capitán griego del barco por desobediencia a la autoridad. Una perplejidad razonable que requiere una explicación.
La respuesta se da con precisión en la sentencia. En ese tipo de juicios no basta una negligencia cualquiera, incluso infracciones administrativas «muy llamativas»; hay que demostrar la existencia de una responsabilidad penal. En el caso de los imputados, que exista voluntad de causar el daño medioambiental o imprudencia grave, no cualquier imprudencia. El tribunal llega a la conclusión de que no existen, en un amplio y minucioso razonamiento y análisis de lo aducido por las partes, testimonios y pruebas periciales. Después de 10 años de instrucción y 9 meses de juicio oral se confiesa que «no se sabe con exactitud cuál haya sido la causa de lo ocurrido, ni cuál hubiera sido la respuesta apropiada». La vía elegida por quienes instaron el juicio tenía el riesgo de la estricta lógica del Derecho Penal. Para un elevado número de interesados, que se recogen en 90 folios de la sentencia y puede explicar la larga duración del pleito, la condena de los imputados era paso necesario para las responsabilidades civiles de la empresa propietaria del buque, de la aseguradora o del Estado. Me temo que en algún caso lo principal era la condena. Funcionó en el Urquiola y en el Aegean Sea, porque los hechos fueron claros. El pleito quedó tocado al haber perdido el Estado el pleito civil contra la poderosa ABS, que había certificado que el Prestige estaba en condiciones de navegar. Una empresa privada cuya decisión suscita interrogantes.
«Ten que haber alguén que pague», dijo el Presidente de la Xunta. El Estado pagó ya en su día no pocas indemnizaciones. No le falta razón por lo que se refiere a Galicia, que está situada en un corredor marítimo expuesto al riesgo. En un trabajo pluriuniversitario que tuve el honor de dirigir se propuso que los juicios por catástrofes de este tipo fuesen competencia de la Audiencia Nacional. Quizá sería más rápido, si además se utilizasen las demandas colectivas. Es un asunto de Estado, cuya implementación no debería recaer sobre la hacienda de Galicia.