Digerido ya el sapo de que la Justicia no siempre repara daños, hemos tenido que tragar estos días con un postre de asimilación imposible: la sentencia del Prestige convertida en sabrosa coartada por aquellos que hoy se sienten en la extraña obligación de respaldar la calamitosa gestión política que hace once años se hizo de aquel desastre. A ver si muchos de los que el miércoles se excitaron con la absolución, en una algarabía obscena para nuestra memoria, son capaces de entender que el desasosegante fallo judicial no legitima ni las mentiras, ni las confusiones, ni las ausencias, ni siquiera las infinitas trapalladas de aquellos días. La batalla contra el chapapote la libró entonces el periodismo, impecable en su obligación de desactivar al minuto las mentiras oficiales que despreciaron primero la envergadura de la catástrofe e intentaron después esconder la marea negra bajo la alfombra para maquillar así su flagrante incapacidad. Muchos cometieron entonces un delito de soberbia, como demuestra el hecho probado de que los científicos no fueron convocados hasta que transcurrieron dos meses del hundimiento. Y así con todo. Tenemos un problema si aceptamos que los políticos no eran responsables de las decisiones erradas y hasta temerarias que tomaron y que hoy solo recuerdan los que sí estaban al frente de la verdad, entre los que no figuraban muchos de los que estos días empuñan la sentencia para propinar un doloroso zurriagazo a nuestra legítima indignación. Resulta delirante considerar que la lícita y necesaria censura que entonces recibieron los gobernantes sea considerada hoy por algunos una cacería política. Entre esos algunos están parte de los que hoy siguen mandando. Allá cada uno con su conciencia.