La Justicia española no pasa por sus mejores momentos. Tras el escándalo de la sentencia del Prestige, donde la culpa de la tragedia ecológica parece ser que la tuvo el Cid Campeador, asistimos perplejos a la luna de miel vivida entre la infanta Cristina y la Fiscalía. Esa misma Fiscalía a la que no le ha temblado el pulso a la hora de formular acusación contra la esposa del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en un caso similar, lleva a cabo una numantina a la vez que vergonzosa defensa de la infanta. ¿Quizás debieran recordarle al fiscal Pedro Horrach que se encuentra ejerciendo funciones de ministerio público y no de letrado de Cristina de Borbón? Y todo ello sin esperar a que la Agencia Tributaria entregue tres informe claves que aclararían si la infanta cometió fraude fiscal o blanqueo de capitales. Para qué esperar por dicha documentación, si ya se sabe de antemano que no se va a formular acusación contra tan insigne ciudadana. Carcajeémonos todos de ese cómico artículo 14 de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Y pidamos encarecidamente que el barón de Montesquieu, padre de la teoría de la separación de poderes, no levante la cabeza.