La huelga de basuras de Madrid no es solo una huelga local. Es un test donde se ponen a prueba multitud de indicadores de la salud política, social y hasta exterior de España. De la salud política, porque el PP o al menos su alcaldesa se está jugando su feudo electoral en una gran ciudad donde gana por mayoría sobrada desde hace un cuarto de siglo. De la salud social, porque está en entredicho la capacidad negociadora de las partes, se producen actos de vandalismo y se incumplen los servicios mínimos, según apreciación de la señora Botella. Y de la salud exterior de España, porque multitud de medios informativos europeos presentan esta huelga como fruto de un país sin autoridad ni medios para poner fin a una protesta laboral.
Pero hay más. Ayer se informó de que empiezan a aparecer ratas en las calles y detrás de las ratas viene el riesgo sanitario. Se pone de manifiesto la necesidad de poner límites al derecho de huelga cuando afecta de forma tan grave a millones de ciudadanos. Se perjudica la economía general porque se espanta al turismo, justo ahora que Madrid pierde visitantes, lo que repercute en buena parte de España. Y algo más delicado: plantea una seria reflexión sobre la prestación de servicios públicos por empresas privadas. No es mal tema cuando la externalización de hospitales está pendiente de varias decisiones de la Justicia.
Naturalmente, no voy a entrar en quién tiene razón en este conflicto. Cuando los sindicatos deciden hacer una huelga de este volumen, consideran que tienen motivos legítimos. Y cuando las empresas dejan que estalle, quizá sea porque no pueden ceder. ¿Ocurriría lo mismo si la recogida de basuras y otros servicios de limpieza fuesen gestionados directamente por el Ayuntamiento? Es probable: de hecho, hay más huelgas en el ámbito de las Administraciones públicas que en el sector privado. Pero al menos se simplificaría la terrible cadena que empieza en la restricción de gasto municipal, pasa por reducir contratos y beneficios de las empresas adjudicatarias y termina donde siempre: en un ERE que expulsa al trabajador o reduce drásticamente sus ingresos, o ambas cosas a la vez.
Supongo que cambiar esto ya es imposible. Incluso dudo de que sea deseable, por el daño que causaría a empresas que viven de sus trabajos para organismos públicos. Pero insisto: es un tema para pensar cuando se trata de privatizar la gestión de hospitales. En la misma Comunidad de Madrid hubo infinidad de protestas del personal sanitario, en interminables mareas blancas contra esa externalización. Pero nunca han dejado de atender a un enfermo. Cuando esa gestión sea privada y haya una huelga, no estoy seguro de que podamos decir lo mismo.