El Boletín Oficial del Estado, es un arma cargada de futuro. Cuando con el poder del voto otorgamos mayorías, y más si regalamos una mayoría absoluta, olvidamos que cedemos un poder que puede cambiarnos la vida.
En nuestra ingenuidad, dimos por supuestas unas normas de juego político intocables, con un amplio rango de ser interpretadas, matizadas, alteradas, pero no trastocadas o destrozadas.
En nuestra ingenuidad consideramos que nuestra Constitución amparaba nuestros derechos en educación, sanidad, vejez, trabajo, vivienda? Incluso nos garantizaba los derechos de libertad e igualdad. Por no hablar de nuestro derecho a unas Administraciones públicas al servicio de los ciudadanos, aun ignorando que los partidos políticos se dieron barra libre para saltarse el ordenamiento jurídico. O tal parece.
En nuestra ingenuidad no dimos por bueno el aviso cuando aquel agosto del 2011 el Gobierno de Zapatero y la oposición de Rajoy, en un juego de trileros sometidos, nos cambiaron la Constitución. Por mandato del poder financiero.
Y como quien hace un cesto hace un ciento, decretos leyes, leyes, reales decretos y órdenes ministeriales se van llenando de trampantojos legales que recortan, trastocan, o anulan aquello que creímos derechos ciudadanos y normas de equidad, mérito y capacidad que regulaban -mal que bien- nuestra sociedad, también las Administraciones públicas.
Llamo la atención sobre el BOE porque es ahí donde se esconden, sin publicidad ni decencia, las acciones de gobierno que nos despojan de nuestros derechos. Porque es el BOE con el que nos amenazan cada vez que un ministro, un secretario de Estado, un director general o incluso los poderosos jefes de gabinete o asesores ministeriales -esos que nos cuestan casi treinta millones al año-, o todos en comandita, tienen una ocurrencia sobre su mando.
Si el ministro De Guindos se enfrenta con la patronal bancaria por hacer uso de la puerta giratoria público-privada y nombrar presidente de su asociación a quien hasta hace seis meses tenía la obligación de supervisarlos en nuestro nombre desde el Banco de España, amenaza con el BOE para cambiar la norma de incompatibilidades.
Si la ministra Ana Mato necesita contribuir a facilitar la desnaturalización de la sanidad pública, introduce de rondón en una disposición adicional la posibilidad de creación de áreas de gestión clínica, que posibilita que el personal integrado en ellas pase a ser laboral. Todo ello en verano y en una ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Y por último, pero no lo último, el desaguisado Wert & Gomendio y su equipo ministerial, que en una ocurrencia para ajustar, a nivel Montoro, el recorte de las tres cuartas partes de su presupuesto en los Erasmus cuelan en el BOE, con demagogia, la supresión de la ayuda. Estremeció escuchar sus razones y estremece su desparpajo altanero.
No todas las opiniones son igual de respetables, dice Savater. Pues eso.