Después de la inmersión en las responsabilidades de gobernar, los expresidentes precisan de un período descompresión para adaptarse a una situación muy diferente. En España se ha procurado un estatus suficiente incluido el económico. Son miembros natos del Consejo de Estado, en el que pueden estar y salir a su voluntad cuando sus actividades sean incompatibles con la presencia.
Aunque no haya norma escrita que aconseje ese período de descompresión parece muy razonable desde el juego democrático para evitar la impresión de tutelaje e intromisión en lo que es ya cometido de otro. Guardarlo durante la siguiente legislatura podría ser un período aconsejable. Cada cual lo ha interpretado como le ha parecido, que no hace al caso recordar ahora.
Hace poco, en una de escasas declaraciones públicas que, es justo reconocer, ha realizado el anterior presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, confesaba que fue un error claro tardar en reconocer la crisis económica. Ninguna expresión de esa naturaleza manifestó, por el contrario, en cuanto a la cuestión catalana de preocupante actualidad, aunque declaró con contundencia que no habría secesión y que sus patrocinadores no tienen competencias para un eventual referendo sobre la independencia. La receta para una solución del problema pasaría por abrir un diálogo con la finalidad de reformar la Constitución, a partir de una redistribución de competencias y de la identidad y singularidad de comunidades como la catalana. En el fondo, el federalismo asimétrico que propone ahora el partido del que fue secretario general y que acuñó el presidente Maravall.
En otras ocasiones me he esforzado en demostrar cuál es el modelo diseñado por la Constitución que recoge esas singularidades y cómo se ha conculcado por los partidos mayoritarios.
En el itinerario que lleva a la situación actual, el PSOE y singularmente Rodríguez Zapatero tienen una especial responsabilidad. El modelo empezó a desvirtuarse en Andalucía por interés partidario y con la torpeza del Gobierno de UCD.
Lo que acabó de trastocar el statu quo fue la promesa del candidato a la presidencia de respaldar cualquier reforma del Estatuto catalán que aprobase el Parlamento.
La Generalitat estaba comandada por el PSC, que había sido clave para la elección de Rodríguez Zapatero como secretario general del PSOE. El PSC formaba coalición con ERC, cuyos objetivos nunca ha ocultado. El proceso de reforma, en realidad un nuevo Estatuto, negociaciones por medio del expresidente con el actual presidente de la Generalitat, cepillado en el Congreso y encontronazo no evitado del Tribunal Constitucional con lo aprobado en referendo, ha conducido a la situación presente.
El portavoz de la Generalitat acaba de justificarse haciendo suya la afirmación del Gobierno del socialista Montilla: la sentencia hacía entrar la Constitución en vía muerta. El expresidente, que no ha sido ajeno a todo eso, no está para dar consejos.