En aplicación de una sentencia de la Corte de Estrasburgo que sienta una doctrina que contradice la de nuestros más altos tribunales (el Supremo y el Constitucional), más de medio centenar de etarras, además de otros muchos delincuentes peligrosos, se verán beneficiados con una reducción sustancial de la condena que, de no haber mediado tal sentencia, habrían tenido que cumplir.
Pese a que el Gobierno ha manifestado su profundo desacuerdo con tal resolución, ha hecho, al tiempo, lo que de él cabía esperar: la ha acatado, como era su obligación, y no ha puesto obstáculos para su estricto cumplimiento.
Esto es lo que exige, como muchos hemos sostenido, el respeto al Estado de derecho, que no admite atajos ni excepciones. Por eso hay que esperar que la misma celeridad y rigor que se ha puesto en ejecutar la sentencia que anula la aplicación de la doctrina Parot a quienes hubieran cometido sus delitos antes de que aquella fuese formulada, se pondrá hacia el futuro para que los presos y expresos de ETA cumplan con las exigencias de la ley.
Hay que esperar, por ejemplo, que todos los etarras huidos y con causas pendientes serán perseguidos, detenidos y juzgados por los tribunales competentes y cumplirán, de ser condenados, las penas que les hayan sido impuestas. Hay que esperar que los cientos de etarras que aún quedan en prisión no tendrán más beneficios penitenciarios que los que les correspondan por la ley y que esta se aplicará con el mismo rigor que a todo el mundo, evitando por ejemplo escándalos como el de los falsos estudios para liberar condena. Y hay que esperar que los etarras que vayan saliendo en libertad abonen las indemnizaciones que tienen pendientes de pagar, de forma que si no lo hacen se les aplique la normativa sobre embargos que rige con carácter general.
La etarra Inés del Río, condenada por 24 asesinatos, fue puesta en libertad en cuestión de horas, en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo, demostrando los tribunales una extremada diligencia en el cumplimiento del deber. Diligencia que no podría ser menor para que ese verdadero monstruo pague los 19 millones de euros que debe al Estado en concepto de indemnizaciones a las víctimas de sus atentados. Eso supondrá no solo embargarle los 30.000 euros que por daños le otorgó la Corte de Estrasburgo, sino tratar por todos los medios legales de que abone a quienes se la debe la totalidad o la mayor parte de su deuda. Ella y todos sus compinches.
Pues sería terrible que el ojo de la aguja fuera como un sedal para cumplir la ley cuando beneficia a los etarras y, sin embargo, como un túnel cuando trata de acabar con su intolerable impunidad. Ya sé que hay gente de muy variado pelaje que califica esto de venganza. Pero, como saben todas las personas decentes, solo se trata de justicia.