Cerca de cuarenta años y mil muertos ha costado la presencia de ETA. En este octubre del 2013 del siglo XXI el terrorismo no constituye una amenaza en las encuestas de opinión pública sobre problemas sociales, pero a los dos años de la declaración del cese definitivo de la violencia por parte de la organización, la sociedad queda escandalizada por una sentencia del Tribunal de los Derechos Humanos de la UE.
Los que estuvimos diez años en la Mesa de Ajuria Enea y nos tocó vivir momentos inolvidables entre rabia, dolor y desesperación por la inagotable cantera del nacionalismo radical que, enrocada en su mundo mitológico, hacía pedagogía para la lucha armada contra el Estado, siempre tuvimos muy presentes tres premisas: la subcultura de la violencia con fines políticos dividía a la sociedad vasca, la colaboración internacional podía y debía ser elemento definitivo para romper el entramado político-cultural-social-militar donde ETA mandaba y pretendía negociar de igual a igual con el Estado, y la paz acabaría por imponer un escenario de reinserción para los presos y exiliados. Conviene volver a leer el pacto de Ajuria Enea.
Lo que fue Batasuna logró imponerle a la banda de pistoleros el cese de la violencia, unido a los éxitos policiales. Personajes como Otegi y Josu Ternera tuvieron mucho que ver en el declive de ETA -de este último algún día se conocerán cuestiones sorprendentes-. ETA no ha logrado ninguno de los manidos objetivos para hacer su patria, su nación, su Estado. El nacionalismo democrático, tras la marcha de Arzalluz, y su pérdida del poder institucional, se moderó más que en Cataluña. Euskadi aprendió que sin terrorismo era una comunidad próspera para los negocios y el trabajo.
Los presos de ETA, auténtico tótem de su mundo, perdieron toda esperanza de victoria y comenzaron las peticiones de indulto contra el criterio de los más ortodoxos, algunos de los que hoy se han visto beneficiados por Estrasburgo.
Queda pendiente ahora que ETA entregue las armas.