Por variadas razones es urgente que sea efectiva la solidaridad en nuestro país. El FMI, que pontifica sobre la situación económica de los Estados y emite periódicamente recetas sobre cómo resolver los problemas, acaba de diagnosticar para España una leve mejoría que se agradece, tan necesitados estamos de noticias positivas. No hacen falta sesudos informes para que concluya que debemos centrarnos en el enorme desempleo, para cuya mejora sustantiva se pronostican muchos años. Habrá discrepancia entre las cifras reconocidas oficialmente y el paro real, pero, aun admitiéndola, queda un amplísimo margen para confirmar lo preocupante del diagnóstico. Llevamos ya más de un lustro con la crisis. No ha de olvidarse que en su origen fue una crisis financiera. Finalmente ha sido abordada, con la ayuda de la UE. El ministro de Economía, que se maneja en los foros internacionales con soltura, ha reconocido que ha supuesto un elevado coste. Duele e irrita que haya tenido que inyectarse elevadas sumas de dinero en entidades que han sido causantes destacadas del problema. Es ya hora de que respondan solidariamente y faciliten los créditos indispensables para que puedan crearse empleos. No cabe más espera. En ese sentido, conviene agarrarse a la opinión del FMI: que la banca ya saneada debe ahora facilitar la reactivación. Un compromiso efectivo que debería ser visualizado por la sociedad.
Quienes tienen un puesto de trabajo en la función pública o en el sector privado han tenido que vivir obligadamente esa solidaridad. No hace falta ser experto para congelar las retribuciones de los empleados públicos. Estuvo al alcance de la accidental ministra de Economía con Rodríguez Zapatero. De otra parte, la vicepresidenta y eficaz portavoz del Gobierno ha tenido que contradecir al ministro de Hacienda para admitir la caída general de salarios, lo que en términos tecnocráticos se llama moderación de rentas salariales. Sobre esos pilares y el aumento de impuestos se ha construido fundamentalmente la política contra la crisis. Desde esta perspectiva, como una solidaridad debida, se refuerza la urgencia de la contribución financiera al enfrentamiento del problema.
La solidaridad que la Constitución reconoce y garantiza en su artículo 2, redactado con gran finura de matices para ser aceptado por un sincero consenso, no atraviesa su mejor momento. No solo por proclamas secesionistas, ahora enmarañadas en el sinuoso recorrido de una consulta de contenido ambiguo, sino por el debilitamiento general de la idea de patria común en la que se fundamenta la Constitución. La financiación autonómica tiene la solidaridad como principio señero. El Estado no es una sociedad mercantil. Incluso desde sus criterios para el reparto de cargas y beneficios, ha de contarse con las inversiones públicas de años atrás que explica injustas diferencias de hoy. Sin aquel sentimiento común resulta ardua una solución satisfactoria para todos. Habría que procurarlo.