En Europa, las personas con diversidad funcional estamos siendo sometidas a un proceso de demolición fruto de las políticas de austericidio: privatizaciones del sistema de salud y de servicios sociales, revisión de calificaciones de incapacidad y de pensiones, recortes en becas y crecientes dificultades de ingreso a la educación corriente para aquellos con dificultades de aprendizaje, limitaciones de acceso a material ortoprotésico y prestaciones asistenciales, repagos farmacéuticos, asistenciales y hospitalarios, etcétera, se acumulan sobre nuestras vidas y las de nuestras familias, sumiéndonos en un estado de temor opresivo permanente. El tsunami desatado de reformas acumuladas, las ceñidas al colectivo y las que exprimen la economía doméstica, está infligiendo la privación, el miedo, el deterioro de la salud y lo definitivamente peor para nosotros.
Con los Parlamentos estatales apocados ante el estrago de nuestros derechos humanos, el Parlamento Europeo debe supervisar pronto las reformas del bienestar en los Estados, desautorizando aquellas que por su acumulación debilitan la viabilidad de la condición de ciudadanos, la salud y las vidas de las personas con discapacidad. La austeridad actúa cual tremenda e implacable dictadura, y va desapareciendo a muchos de nosotros.
Quienes creemos en los derechos humanos debemos exigir el esclarecimiento: la realización efectiva de una evaluación del impacto acumulado de las reformas del bienestar, de todos los recortes y cambios normativos que afectan a las personas con discapacidad, y a sus familias. Necesitamos un reglamento europeo para la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad con estándares de asistencia personal y protección de derechos sociales, en función de las necesidades, habilidades y aspiraciones como ciudadanos de la Unión Europea. Europa prevalecerá como comunidad haciendo valer los derechos humanos de sus ciudadanos más vulnerables, o será geografía, mercado y palabras huecas.