La deuda pública alcanzará un billón de euros el año próximo. La cifra equivale, aproximadamente, al 100 % de toda la riqueza que genera anualmente la economía española. Algo más de 21.000 euros por habitante. Poner a cero el contador de las Administraciones públicas costaría 365 días de ayuno y abstinencia, es decir, trabajar todos de balde y vivir del aire durante un año.
¿Y de dónde vamos a sacar ese billón de euros? Que no cunda el pánico: no lo vamos a devolver. Se lo garantizo. Los países, a diferencia de las familias, nunca amortizan su deuda: la refinancian. Rara vez, cuando las cuentas públicas registran superávit, su volumen se reduce una pizca en términos absolutos. Pero devolverla toda, ni de broma. Si la situación se torna desesperada y los acreedores cierran el grifo del crédito, los Gobiernos simplemente dejan de pagar. Quita o default, en la jerga financiera. Si, por el contrario, consiguen resistir y abonar religiosamente los intereses, la inflación y el crecimiento económico premian el esfuerzo y se encargan de aligerar la losa. Nominalmente seguimos soportando la misma carga, pero nuestros hombros se robustecen y ni la notan.
Para comprenderlo no hay más que echar un vistazo a lo ocurrido en las últimas décadas. En 1996, después de otro episodio recesivo, el endeudamiento público se encaramó en una cota elevada: 324.000 millones de euros, que suponían un 67,4 % del PIB. Once años después, en el 2007, la deuda había crecido en términos absolutos: ascendía a 382.300 millones de euros. Pero se había reducido a la mitad en términos relativos: 36,3 % del PIB. España exhibía por entonces unas cuentas pulcras y saneadas. Era uno de los países más virtuosos de Europa. El pasivo que arrastraban alemanes o franceses casi duplicaba al español. Y los italianos estaban empeñados hasta el cogote.
Después se produjo el cataclismo y los Gobiernos, dirigidos por Berlín, cometieron sendos errores de bulto. Primero, emitieron un diagnóstico erróneo: culparon a las cuentas públicas de la crisis, cuando solo eran las víctimas. Segundo, prescribieron un fármaco letal: subida de impuestos y draconianos recortes del gasto público.
La receta parecía obvia y sensata. Y no era ni una cosa ni la otra. El propio FMI puede ser convocado como testigo de cargo: por cada euro recortado durante estos años, la economía se ha desangrado entre 1,5 y 1,7 euros. ¡Menudo negocio! Por cada agujero que tapamos, mediante la reducción del gasto o la subida de impuestos, abrimos un socavón. La actividad se empantana y la deuda, si aún queda quien nos preste, sigue aumentando sine die. ¡Qué importa! Total, no la vamos a devolver.