Alfonso X, rey de Castilla allá por el siglo XIII, dejó dicho aquello de que «el que queme el monte, al monte». A pesar de ser conocido como el Sabio, no seré yo quien secunde tan drástica medida. Semejantes penas son impropias de un país civilizado. Son medidas punitivas más acordes con repúblicas bananeras. Ser incendiario en España salía barato hasta las recientes declaraciones de Ruiz-Gallardón. A partir de ahora la bromita puede costar hasta nueve años de cárcel. Estaría de acuerdo con dicha afirmación si me la creyera, pero nuestro ministro de Justicia no me ofrece credibilidad. Está puesto en el Gobierno para recaudar y encabezar la cruzada contra el aborto, por lo cual no me cuesta imaginármelo en la ladera de un monte vendiendo cerillas y cobrando una tasa por foco incendiario provocado, o pidiendo credenciales en clínicas ginecológicas, antes que trabajando en ley alguna que resulte útil.
Endurecer las penas en esta materia es necesario, pero me lo creeré cuando Rajoy cambie a un ministro obsesionado en destrozar nuestro sistema judicial por otro con un poco más de sentido común.